La Jornada Jalisco:

Ayer, la primera asamblea; pretenden realizar su lucha al margen de partidos políticos

Tejen red regional de apoyo a habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo

RAUL TORRES

Durante la primera Asamblea Regional de Afectados Ambientales que se realizó ayer en Temacapulín, habitantes de comunidades afectadas por las presas El Cajón y La Yesca, gente de Juanacatlán y El Salto, del Bosque del Nixticuil y miembros de diferentes organizaciones, compartieron experiencias con la finalidad de conocer sus luchas y comenzar a tejer una red de solidaridad entre ellos.

La de ayer fue la primera Asamblea Regional y en ella se abordaron temas tratados en las dos anteriores asambleas nacionales.

Sofía Herrera, del Comité Salvabosque Tigre II, expuso los problemas que enfrentan para defender el bosque del Nixticuil de las presiones inmobiliarias en Zapopan y señaló que esta asamblea debe ser un espacio de reconocimiento de las otras luchas.

“Nosotros venimos con la idea no de formar un nuevo colectivo o un conglomerado, sino que en el reconocimiento de las luchas de los demás, puedes fortalecer tu propia autonomía; el hecho de que tú resistas y defiendas tu propio espacio es una forma de decir que apoyas la lucha del otro y ser solidarios con los demás. La solidaridad la entendemos como preguntarle al otro qué es lo que necesita y no tratar de imponer una forma de organización. Todo esto al margen de grupos políticos”, dijo.

La gente del poblado El Ciruelo, en Jala, Nayarit, expuso la forma en que la CFE engañó y confrontó a los habitantes de esa localidad para lograr que muchos aceptaran la reubicación o la compra de sus predios y huertos a precios muy bajos.

Hoy –explicó Evangelina Peña– hay diez familias a las que la CFE no les ha pagado una indemnización justa con la cual poder comprar otro patrimonio.

Indicó que el nuevo centro de población se ubicó en un lugar que los habitantes consideran peligroso debido a que se encuentra a 100 metros del embalse de la presa y ya se han presentado derrumbes cercanos.

Por su parte, los afectados por la presa La Yesca indicaron que como incentivo para aceptar la obra, el gobierno federal ofreció otorgar permisos para formar cooperativas pesqueras; sin embargo, hasta ahora no se han liberado los permisos y la gente que pesca es perseguida por la Marina, quien les quita los motores de las lanchas y los chinchorros.

Los habitantes de Temacapulín denunciaron nuevas presiones del gobierno estatal y aseguraron que desde hace dos días se han presentado en diferentes casas exigiendo copias de las escrituras con el argumento de que tienen más dinero y la oferta de compra será mayor.

Los representantes de Juanacatlán y El Salto hicieron un recuento de las enfermedades que padecen los habitantes de esa región y de la forma en que el bosque de Juanacatlán se ha ido deforestando.

Miembros de la organización Poder Ciudadano, que trabajan en los municipios de Valle de Juárez, Mazamitla y Quitupan, llevan a cabo luchas para evitar la privatización del agua, la deforestación de los bosques por la tala ilegal, la contaminación y el desabasto del agua, además de la prácticas turísticas que afectan el entorno.

En la reunión apareció alguien que no estaba anunciado y colocó una pieza clave en la historia del proyecto de la presa El Zapotillo: Heriberto Calderón, habitante del municipio de Romita, en Guanajuato, explicó que estaba en Temacapulín para conocer el pueblo que pretende inundar la Comisión Nacional del Agua en pos de resolver el abasto de agua en la ciudad de León.

Tras escuchar algunos de los testimonios de la gente en la asamblea, Calderón explicó que el municipio de Romita compartía una parte de la historia de Temacapulín, pues perdió una batalla por agua contra la ciudad de León, que extrae mucha del agua de consumo industrial y ganadero de los pozos de Romita.

Indicó que durante esa lucha, que inició hace al menos 15 años, los habitantes de Romita fueron reprimidos por el gobierno del estado de Guanajuato en tiempos en que el actual gobernador, Víctor Manuel Oliva, era secretario de Gobierno.

Recordó que fueron los empresarios de León que llevaron al poder al Grupo Guanajuato, al que pertenece Vicente Fox, quienes presionaron para que se concesionara el agua de Romita a favor de León.

“Los campesinos peleaban su derecho al agua, porque León tiene acuíferos propios y se exigía que no invadiera Romita; si bien los recursos del país son de todos los mexicanos, la misma ley de aguas nacionales señala que en cada acuífero y en cada cuenca sus habitantes deben hacerse responsables del uso sustentable. Sentíamos que teníamos razón legal, la razón técnica, porque se estaba sobreexplotando el agua, y la razón social. Pero se impusieron los intereses del sector empresarial leonés.

“Metimos amparos y desgraciadamente los abogados nos traicionaron. Hubo gente que sí nos apoyó, como la de Atenco. Lamentablemente se perdió la lucha porque se llevaron el agua y la siguen sobreexplotando”.

Señaló que una de las exigencias para que se respetara el derecho al agua de la gente de Romita fue reactivar la presa decretada en el río Verde para abastecer de agua a León, cosa que hizo Vicente Fox, aunque sin explicar sus consecuencias.

Calderón dijo que a finales de los 70 se construyó la presa de la Gavia, con capacidad de 90 millones de metros cúbicos, por lo que se sigue planteando que se use esa presa para poder solucionar los problemas de agua en León y, por lo tanto, los de Romita.