La Jornada Jalisco:

Jorge Rocha

Informe sobre la situación de los derechos humanos 2009

La semana pasada el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) presentó su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009. Por tercera ocasión esta organización de la sociedad civil nos muestra un recuento de los principales acontecimientos en la materia y nos proporciona un excelente reflejo del estado que guarda la vigencia y el respeto de los derechos humanos en nuestra entidad.

El documento consta de 17 textos que paso a paso exhiben el incumplimiento de los derechos humanos en Jalisco. En la presentación del informe, Carlos Peralta Varela pone en duda la idea de que en el estado la población es apática y no defiende sus derechos, más bien el texto es una prueba fehaciente de que en la entidad existe una ciudadanía activa, que conoce y defiende sus derechos humanos, su territorio, su idea de ciudad y sus recursos naturales. Enseguida Gerardo Moya plantea que esta tercera entrega del CEPAD intenta visibilizar los empeños y luchas de varios colectivos, desde una mirada no oficialista y desde la perspectiva de la sociedad civil y los movimientos sociales, con la pretensión de generar opinión pública al respecto.

Este valioso documento cuenta con dos grandes apartados: análisis de casos paradigmáticos y análisis de escenario y prospectiva. En el primer apartado resalta el texto de Paulina Gutiérrez titulado “Maltaraña, una comunidad sitiada” que da cuenta de un operativo militar en esta comunidad perteneciente al municipio de Jamay, Jalisco y que está en la frontera con el estado de Michoacán. El primero de junio de 2009, treinta elementos del Ejército Mexicano ingresaron en Maltaraña (también conocida como La Palmita) y realizaron cateos y revisiones domiciliarias para buscar drogas y armas. Los militares en ningún momento mostraron documento alguno que avalara la acción y se limitaron a decir que se que encontraban en un “Operativo Nacional por órdenes directas del Presidente de la República”. En el acto se llevaron armas de bajo calibre sin razón alguna, encañonaron a mujeres y niñas; y provocaron crisis nerviosas en los habitantes de la comunidad. Este acto sin duda representa una clara violación a los derechos humanos de las y los habitantes de Maltaraña y es una muestra que el estado de Jalisco no está exento de este tipo de acciones.

En el primer apartado, salvo en el texto que describe la ausencia de justicia en la muerte del joven Néstor Alán Rodríguez Licea, que fue victimado por dos juniors, el resto de los casos expuestos hacen referencia a la defensa del territorio y los recursos naturales; y a la defensa de los derechos de las mujeres. Los motivos de conflicto son la construcción de una carretera en territorio wixárika al cual la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán se opone porque atraviesa y divide su territorio ancestral por la mitad. En el caso de la construcción de la presa del Zapotillo, los habitantes de Temacapulín, Palmarejo y Acasico se oponen a que sus pueblos desaparezcan bajo las aguas de dicha presa. Este megaproyecto afectará directamente a 700 personas que actualmente residen allí y a más 3 mil personas vinculadas con esas localidades, pero que ahora son migrantes. En este caso habrá múltiples afectaciones en términos ambientales, pero también hay efectos nocivos en la dimensión cultural, ya que fue un lugar muy relevante para los pueblos indígenas y existen construcciones coloniales de alto valor histórico. El otro caso que se cita es la defensa del Bosque del Nixticuil realizada por el Comité Salvabosque Tigre II, que han cuidado y resistido el embate de los procesos de urbanización en esa zona de Zapopan y que ahora se enfrentan la llamado proyecto MiraSierra que pretende construir casas donde residan unas 100 mil personas, con lo cual las afectaciones al ecosistema del Bosque son incalculables.

El otro eje que nutre el informe es la ausencia de vigencia de los derechos de las mujeres en Jalisco, que sólo viene a reconfirmar lo expuesto la semana pasada por el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en su informe sobre feminicidio. El informe que nos presenta el CEPAD añade como agravante a este problema que el propio Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) es coparticipe de esta situación, ya que no ha actuado en congruencia con la defensa de estos derechos; y porque él mismo atropelló las garantías individuales de una mujer, como en el caso de la todavía consejera ciudadana suplente de la CEDHJ, Paola Lazo Corvera, quien ganó un amparo en contra del proceso de elección de un nuevo consejero titular, donde de acuerdo con un juez fueron violados sus derechos humanos.

El segundo apartado de este informe plantea una serie de tendencias en el estado de Jalisco que evidencian la falta de voluntad política para respetar los derechos de todas y todos. La criminalización de las poblaciones callejeras, las políticas de desarrollo urbano que se basan en el transporte motorizado privado, la negación de la participación ciudadana, la criminalización de la protesta social y de nueva cuenta nos encontramos con una dura evaluación del desempeño de la CEDHJ que en las comentarios finales del texto de Carlos Peralta y Francisco Macías titulado “La simulación activa del ombudsman”, expresan que hay subejercicio presupuestal, falta de eficacia en el trámite y resolución de las inconformidades, incremento de las recomendaciones que carecen de una aceptación total, la utilización de los derechos humanos como una agenda mediática sin rostro y sin personas que proteger y dejando la carga de la prueba a las propias víctimas de violación de sus derechos.

En este informe falta un artículo conclusivo que a partir de todo lo expuesto, muestre las tendencias en el estado en cuanto a la temática de derechos humanos. Ojalá en la cuarta entrega podamos encontrar algo al respecto. Pero aún con ello recomiendo ampliamente la lectura y el análisis de este valioso informe.

jerqmex@hotmail.com