La Jornada Jalisco:

El lobby

RAÚL TORRES

No es la primera vez que sucede, pasa en cada administración y el viernes no fue la excepción. El “operativo Rescate”, con el que la policía de Guadalajara intenta combatir el grave problema de la prostitución infantil y el trato de personas en la ciudad, falló su blanco… o peor, intencionadamente alguien proporcionó datos falsos para, en la confusión, llevarse entre las trancas el trabajo independiente que durante años han realizado organizaciones como Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual que –a su modo y desligándose de políticas asistencialistas– intentan dignificar el trabajo sexual de quienes aceptan la responsabilidad de lo que éste implica.

El viernes durante un “operativo” que se anunció por radio horas antes de realizarse, la policía tapatía irrumpió en dos centros de trabajo donde la Red hace constante labor de promoción de la salud entre las mujeres que ahí buscan una forma de subsistencia. No sólo se explica y proporciona información sobre las correctas formas de prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino que se llevan a cabo jornadas en las que se practican pruebas rápidas de VIH, se aplican exámenes de papanicolau, se realizan servicios dentales, se denuncia el lenocinio y el proxenetismo; se busca, en fin, mejorar las condiciones de vida de quienes practican el trabajo sexual. La más reciente de esas jornadas se realizó del 26 al 28 de julio pasado, justo en una de las fincas en que irrumpió la policía. El trabajo de estos colectivos está documentado en este diario y en otros muchos espacios, pero también hay registros de la forma en que las autoridades han intentado –sutil o burdamente– atacar su manera de organizarse y actuar. Así, lo del viernes parece ser uno más de los golpes que desde la institucionalidad se propina a las formas de acción que demuestran rebeldía cuando abiertamente se proclaman fuera de cualquier programa gubernamental y asistencial por considerarlo discriminatorio, electorero o perverso. En este contexto, no parece casual la realización del operativo tras el reciente anuncio de la creación del Comusida del ayuntamiento tapatío, instancia que necesita forzosamente demostrar vínculos con organizaciones de la sociedad civil para justificar su labor, pero sobre todo para gestionar sus recursos (muchas ONG aceptarán encantadas, pero hay quienes deciden trabaja de distinta forma).

El combate a la prostitución infantil, al igual que al robo de autopartes, resulta un pretexto oportuno e incuestionable para que las autoridades inicien acciones con las que construyen su buena imagen pública (merchandising electoral, le llaman). ¿Quién podría oponerse a que se proteja a la infancia de este país? Sin embargo hay cosas que subyacen. Ayer, según el director de la policía de Guadalajara, Servando Sepúlveda, la movilización se inició con base en un estudio del DIF tapatío sobre los puntos en que existe corrupción de menores y trata de personas. El anunciado operativo, a pesar de las veintitantas detenciones, no arrojó resultados en ese sentido. Entonces, alguien está haciendo mal su trabajo en el DIF o simplemente se brindó información incorrecta con otras intenciones, como lo denunció la propia Red Mexicana de Trabajo Sexual en un comunicado el mismo viernes. La calle y sus problemas también representan ganancia, por lo que es mejor tener el control sobre ellas y no permitir las rebeldías. Y otro cuestionamiento, este retomado de lo que ha señalado Brigada Callejera en innumerables ocasiones: ¿dónde están los operativos en los antros de lujo (a donde asiste variopinto político) que utilizan muchas veces a menores y a mujeres extranjeras para complacer los caprichos sexuales de sus clientes? Al parecer, son empresas respetables porque sí dan factura…

A la luz de lo que mostró en esta ocasión la policía moral y mediática de Guadalajara, las palabras de su director pierden peso: seguiremos con estos operativos “hasta llegar a la raíz de la problemática y detectar a los abusadores”. En cambio, cobra mayor sentido el calificativo con que Brigada Callejera calificó la acción policiaca: razzia (incursión, correría en un país enemigo y sin más objeto que el botín, según la RAE).

La casa paga

En tanto, los pescadores y trabajadores de Tenacatita que fueron desalojados a principios del mes comienzan a dudar de sus “representantes” en la mesa de negociación con la empresa Rodenas (todos ellos políticos en mayor o menor medida), pues se mantienen herméticos sobre las decisiones que tomarán y no informan (mucho menos consultan) a quienes dicen representar. Tan revuelto está ese tema y hay tantas manos metidas, que la propia empresa ha solicitado que en las negociaciones estén los ejidatarios desalojados y no sólo sus representantes.