Milenio Jalisco:

Chapala. Las instituciones, “al mejor postor”, asegura Rocío Moreno, activista que fue encarcelada sin motivo

Juicio lleno de vicios: comuneros

Pobladores de Mezcala preparan ofensiva legal para proteger derechos.

• 2011-09-23•Ciudad y Región

Los miembros de la comunidad de Mezcala defienden sus tierras. Fotos: Marco A. Vargas

Resulta “increíble” que a un particular se le permita denunciar y se le otorguen órdenes de aprehensión contra sus denunciados, cuando ni siquiera ha demostrado la legal propiedad y el mejor derecho sobre el bien en disputa; pero la justicia y las instituciones “parecen estar al mejor postor”, dijo ayer Rocío Moreno, activista de la comunidad de Mezcala, cuya presunta responsabilidad en una acusación de “daños a las cosas”, fue desechada por “falta de elementos”.

Es el caso penal en que ella y diez compañeros comuneros fueron acusados de “daños a las cosas” por un presunto prestanombres del empresario Guillermo Moreno Ibarra, en virtud de lo cual la comunera pisó la cárcel en Ocotlán, pagó una costosa fianza y luego se le ofrecieron disculpas porque no se había acreditado su presencia en los hechos denunciados. Sus diez compañeros tienen aprehensión vigente, pero ya se presentaron al juzgado a declarar y gozan de libertad bajo caución.

En el fondo del caso, un juicio agrario por el cual el Tribunal Unitario 16, con sede en Guadalajara, determinará en breve cuál es el mejor derecho: los comuneros cocas, que tienen títulos del rey de España que fueron reconocidos por el gobierno mexicano en el siglo XX como “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, o la cesión de derechos que ostenta el particular, con apenas diez años de haberse adquirido sin acuerdo de asamblea.

“Es evidentemente un esfuerzo por intimidar cuando ya ve perdido el juicio, pero entonces, el mensaje es que con dinero se puede comprar la justicia, ¿se trata de que nosotros también podemos inventar un caso?”, cuestionó Rocío Moreno, entrevistada por vía telefónica.

La impunidad de su adversario va más allá de torcer la justicia penal a su favor: sin permisos de la autoridad federal, desvió un arroyo, construyó una represa y derribó árboles de una zona forestal. A Rocío Moreno le extraña que no haya presencia expedita de inspectores de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando se trata de dos delitos que ameritan la acción de la justicia.

Insistió en que una comunidad indígena tiene como máximo órgano de gobierno a su asamblea comunal, y que el goce y posesión de los bienes es estrictamente comunal, es decir, nadie puede “privatizar” ningún bien sin sanción de la asamblea. La acción de desmontar celdas solares de tierras de la comunidad fue orden de asamblea, y los comuneros que la realizaron estaban obligados a realizarla.

El proceso que se sigue aún contra diez comuneros, añade la activista, está viciado: el delito de daño en las cosas se persigue a petición de parte, pero cinco de los comuneros a los que se les dictó auto de formal prisión no fueron mencionados por el denunciante, y por si fuera poco, los comuneros no fueron citados para defenderse.

Así, en Mezcala no pretenden quedarse con los brazos cruzados: habrá acciones legales para contrarrestar este manejo desaseado de las instituciones, advirtió.

Guadalajara. Agustín del Castillo