Ríos de sangre en Valle Real
Rubén Martín
Acentos
Valle Real, Jardín Real, Puerta de Hierro, Providencia y Bugambilias son apenas algunos de los fraccionamientos donde una buena parte de la clase política profesional y dirigentes empresariales tienen sus residencias. ¿Qué ocurriría si Valle Real tuviera como vecino un obrador privado que de tarde en tarde arrojara vísceras y ríos de sangre a su canal de aguas pluviales?
¿Qué pasaría si Puerta de Hierro fuera invadida cada anochecer con nubes zumbantes de millones de mosquitos? ¿Qué pasaría si la alberca de Casa Jalisco (la residencia que los contribuyentes pagamos al gobernador en turno) recibiera una mañana y otra también los líquidos pegajosos, olorosos y putrefactos del basurero de Caabsa Eagle que, hipotéticamente, tuviera a un lado? ¿Qué pasaría, en fin, si en Bugambilias cada madrugada se instalara un olor penetrante, picante y vomitivo a huevo podrido emanado de las chimeneas de las fábricas de alrededor?
Muchos pobladores de esos asentamientos, gritarían, amenazarían. Luego tomarían sus teléfonos o celulares para hablar con la autoridad municipal o estatal para exigirle que tomaran cartas en el asunto. Me imagino, como son asuntos que les afectarían directamente, que muchas autoridades actuarían de inmediato, no dejarían pasar los meses y los años para poner fin a los ríos de sangre en sus canales, a que los flujos de lixiviados siguieran corriendo o despertarse cada mañana con el olor a huevo podrido.
Como bien sabemos, todos estos males ambientales ocurren en otros sitios de la entidad y los padecen otras personas, personas comunes, familias sencillas, simples clases trabajadoras sin influencias, ni palancas que tienen los grupos con poder político o económico del estado.
Pero todas las comunidades, pueblos o barrios que están padeciendo el colapso ambiental y la devastación de los recursos naturales en Jalisco, debido a los procesos de mercantilización de los procesos productivos, no se han quedado pasivos.
No le hablan al político influyente, pero sí han redactado miles de peticiones a todas las autoridades y se puede decir que han cumplido todos los requisitos legales que el catecismo cívico dice que le corresponde a cualquier ciudadano decente.
El problema es que ningún orden de gobierno les resuelve, como han constatado con rabia y coraje los pobladores de El Salto y como ahora se han enterado los habitantes de Puente Grande que padecen los desechos que les arroja el obrador El Edén.
Resulta que este rastro tiene certificación TIF (rastro Tipo Inspección Federal) para garantizar que la carne se produzca dentro de las instalaciones en condiciones adecuadas, pero los inspectores o funcionarios de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) no se hacen cargo de los canales de sangre y vísceras que este rastro vierte al río Santiago y que ensucia y enferma a los habitantes de Puente Grande. Y así cada autoridad se pasa la bolita.
Si a esto le sumamos que el criterio general que impera como visión de políticas públicas y de Estado ya lo fijó el secretario de Medio Ambiente Federal, Rafael Elvira, quien declaró que no podían poner remedio a la contaminación y degradación ambiental en El Salto y Juanacatlán porque se van las inversiones. Más claro (o cínico) no podía ser: para las autoridades está antes el capital que la salud y el bienestar de las personas.
Por eso cientos de comunidades ya han dicho basta en todo el país. Se trata no de los típicos grupos ecologistas que luchan en contra del calentamiento global o que protestan en contra de la muerte de focas en Alaska.
Son pueblos y comunidades que al luchar por sus tierras, patrimonio, paisaje y lugar de habitación, están en la primera fila de la defensa de nuestros ecosistemas. Son, parafraseando al catalán Joan Martínez Alier, pueblos y comunidades enfrentados al Estado y los empresarios sólo porque intentan mantener bajo su control los servicios y recursos ambientales que necesitan para reproducir sus vidas (y por supuesto, la de todos a la vez).
Una parte importante de todas estas comunidades, pueblos y organizaciones que están luchando en todo el país en contra del colapso ambiental que padecemos se reunirán este sábado y domingo en El Salto, Jalisco. Por cierto, la mayoría de ellos, no actúa ni cree en los partidos políticos.
http://rubenmartinmartin.wordpress.com
ruben.martin@milenio.com
En: http://impreso.milenio.com/node/8582770
Rubén Martín
Acentos
Valle Real, Jardín Real, Puerta de Hierro, Providencia y Bugambilias son apenas algunos de los fraccionamientos donde una buena parte de la clase política profesional y dirigentes empresariales tienen sus residencias. ¿Qué ocurriría si Valle Real tuviera como vecino un obrador privado que de tarde en tarde arrojara vísceras y ríos de sangre a su canal de aguas pluviales?
¿Qué pasaría si Puerta de Hierro fuera invadida cada anochecer con nubes zumbantes de millones de mosquitos? ¿Qué pasaría si la alberca de Casa Jalisco (la residencia que los contribuyentes pagamos al gobernador en turno) recibiera una mañana y otra también los líquidos pegajosos, olorosos y putrefactos del basurero de Caabsa Eagle que, hipotéticamente, tuviera a un lado? ¿Qué pasaría, en fin, si en Bugambilias cada madrugada se instalara un olor penetrante, picante y vomitivo a huevo podrido emanado de las chimeneas de las fábricas de alrededor?
Muchos pobladores de esos asentamientos, gritarían, amenazarían. Luego tomarían sus teléfonos o celulares para hablar con la autoridad municipal o estatal para exigirle que tomaran cartas en el asunto. Me imagino, como son asuntos que les afectarían directamente, que muchas autoridades actuarían de inmediato, no dejarían pasar los meses y los años para poner fin a los ríos de sangre en sus canales, a que los flujos de lixiviados siguieran corriendo o despertarse cada mañana con el olor a huevo podrido.
Como bien sabemos, todos estos males ambientales ocurren en otros sitios de la entidad y los padecen otras personas, personas comunes, familias sencillas, simples clases trabajadoras sin influencias, ni palancas que tienen los grupos con poder político o económico del estado.
Pero todas las comunidades, pueblos o barrios que están padeciendo el colapso ambiental y la devastación de los recursos naturales en Jalisco, debido a los procesos de mercantilización de los procesos productivos, no se han quedado pasivos.
No le hablan al político influyente, pero sí han redactado miles de peticiones a todas las autoridades y se puede decir que han cumplido todos los requisitos legales que el catecismo cívico dice que le corresponde a cualquier ciudadano decente.
El problema es que ningún orden de gobierno les resuelve, como han constatado con rabia y coraje los pobladores de El Salto y como ahora se han enterado los habitantes de Puente Grande que padecen los desechos que les arroja el obrador El Edén.
Resulta que este rastro tiene certificación TIF (rastro Tipo Inspección Federal) para garantizar que la carne se produzca dentro de las instalaciones en condiciones adecuadas, pero los inspectores o funcionarios de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) no se hacen cargo de los canales de sangre y vísceras que este rastro vierte al río Santiago y que ensucia y enferma a los habitantes de Puente Grande. Y así cada autoridad se pasa la bolita.
Si a esto le sumamos que el criterio general que impera como visión de políticas públicas y de Estado ya lo fijó el secretario de Medio Ambiente Federal, Rafael Elvira, quien declaró que no podían poner remedio a la contaminación y degradación ambiental en El Salto y Juanacatlán porque se van las inversiones. Más claro (o cínico) no podía ser: para las autoridades está antes el capital que la salud y el bienestar de las personas.
Por eso cientos de comunidades ya han dicho basta en todo el país. Se trata no de los típicos grupos ecologistas que luchan en contra del calentamiento global o que protestan en contra de la muerte de focas en Alaska.
Son pueblos y comunidades que al luchar por sus tierras, patrimonio, paisaje y lugar de habitación, están en la primera fila de la defensa de nuestros ecosistemas. Son, parafraseando al catalán Joan Martínez Alier, pueblos y comunidades enfrentados al Estado y los empresarios sólo porque intentan mantener bajo su control los servicios y recursos ambientales que necesitan para reproducir sus vidas (y por supuesto, la de todos a la vez).
Una parte importante de todas estas comunidades, pueblos y organizaciones que están luchando en todo el país en contra del colapso ambiental que padecemos se reunirán este sábado y domingo en El Salto, Jalisco. Por cierto, la mayoría de ellos, no actúa ni cree en los partidos políticos.
http://rubenmartinmartin.wordpress.com
ruben.martin@milenio.com
En: http://impreso.milenio.com/node/8582770
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario