Jornada Jalisco:

El Lobby

RAÚL TORRES

El asunto se veía jugoso y no podía dejarse pasar, y así, en cierta medida, ocurrió. Durante el fin de semana, en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) que se realizó en El Salto, no faltaron los profesionales de las luchas integrados en ONG y partidos políticos que sin respetar las reglas internas de la ANAA intentaron meterse en las discusiones y aplazar así la organización de base. Quizá fue el lopezobradorismo el movimiento más activo y escurridizo en las mesas de trabajo de la Asamblea, y el que en su momento exigió la palabra a pesar de que sus representantes estaban acreditados como observadores.

El espacio se organizó para la discusión de quienes padecen directamente los estragos del despojo del territorio y su destrucción, pero ¿cómo dejar ir la oportunidad de enviar un mensaje partidista, aunque sea a regañadientes? Incluso, hubo quien, hacia el final de la discusión, exigía que lo que hasta ahora ha funcionado como una organización horizontal se verticalizara con una estructura de mando.

Aquí, es conveniente no generalizar y creer que, en efecto, hay organizaciones comprometidas y gente preparada que intenta ser sólo apoyos en las luchas de los otros, es decir, ser solidarios; pero también es necesario decir que prácticamente nadie entrega dinero u horas de trabajo sin pedir algo a cambio. Condición humana, pues.

Como ejemplo de los riesgos que se corren cuando algunos “luchadores sociales” penetran hasta la médula de las resistencias, retomamos en este espacio una nota publicada por Salvador Arellano en el portal de Internet del diario Milenio, sobre la denuncia que hicieron alrededor de 10 mil habitantes de El Monteón, en Compostela, Nayarit, quienes acusaron a “líderes políticos” y luchadores sociales de intentar hacer “un negocio millonario con la venta de 13 mil hectáreas de la playa Canalán para construir hoteles de gran turismo dentro del proyecto turístico Escalera Náutica”.

Según la nota, los campesinos acusaron a Enrique Medina Cuevas, síndico de Compostela y al ex comisario ejidal, Flavio Gómez. Hasta ahí nada nuevo, pero llama la atención que en este caso aparece el nombre de un “luchador social” que por estas latitudes (y al parecer en otras) goza de cierto prestigio: Pedro León Corrales, a quien atribuyen complicidad en el caso. Ciertamente la nota no señala cuál fue la intervención de León Corrales ni se tiene su versión de los hechos. Y se podrá acusar a este Lobby de lo mismo, sólo que aquí se hace el compromiso de buscarlo y publicar su versión.

No obstante, no es la primera vez que alguien señala a León Corrales, pues al menos 10 afectados de la presa El Cajón lo acusan de haber entorpecido su lucha contra la CFE para exigir una indemnización justa.

“Esa famosa institución de abogados de Idea, lo que es el licenciado Pedro León Corrales y su esposa, Raquel Gutiérrez Nájera, quienes de momento cuando entraron allá les creímos, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta y se fueron dando a conocer. Tengo entendido que Pedro León trabaja con Manuel Villagómez (regidor de Zapopan) y él le costeaba los gastos para ir para allá y allá también nos pedía para la gasolina. Nunca hizo nada”, narró a este que escribe Evangelina Peña, una de las afectadas que el fin de semana estuvo en El Salto.

La mujer indicó que el trabajo de León Corrales consiste en bajar apoyos internacionales para las organizaciones afectadas y quedárselo. “Nos decían que nos iban a apoyar para que se nos indemnizara bien, pero tengo referencia de que Pedro León tuvo una plática con el gobernador de Nayarit y con la CFE y después nomás enredaron el asunto y le dieron largas. Cuando nosotros empezamos a ir al juzgado para llevar lo jurídico nos dimos cuenta de que no había hecho nada, que nunca presentó las pruebas”, relató la denunciante.

En fin, la ANAA sigue sus procesos y a un año de su inicio parece que, no sin tropezones, avanza a paso propio. Y bueno, dicho lo dicho, a aguantar la lluvia.