TUNUARY Y CRISTIAN CHÁVEZ/La Jornada Jalisco/01.08.09
Para los espacios académicos, para las instancias gubernamentales cuya misión es “la protección al medio ambiente”, para las ONG multinacionales ambientalistas y desde las justificaciones de empresas contaminantes, en los espacios naturales y principales ecosistemas del planeta se han ocasionado daños por los excesos y los malos manejos de sus habitantes, es decir, los pueblos indígenas y campesinos que los habitan.Es esta, sin embargo, una postura que ignora en su conclusión que los pueblos indígenas los han mantenido ecológicamente por siglos, siendo más bien el crecimiento de la industrialización y urbanización la responsable de la deforestación, de la contaminación del agua, de la atmósfera, de las semillas, de la diversidad biológica y de todos los elementos identificables que afectan los ecosistemas.
La devastación que conlleva la reproducción industrial del capital se refleja en las comunidades en forma de despojo territorial, siendo este el saqueo de tierra, bosque, agua, minerales, conocimientos tradicionales y de funciones ecosistémicas capaces de retener recursos hídricos, de captar dióxido de carbono o de albergar biodiversidad. Este robo es lo que en los hechos ha causado las graves condiciones ambientales que actualmente enfrenta el planeta entero.
Los mercados de estos elementos naturales actúan en directrices diferentes, con sus dinámicas comerciales muy particulares para cada uno de ellos.
El mercado más claro es sin duda el de la madera o los minerales, pues estos se miden en metros cúbicos y toneladas, se cotizan en la bolsa de valores y los precios se rigen por la ley de la oferta y la demanda, sin embargo, también han operado los mercados de funciones ecosistémicas, llamadas comercialmente como “servicios ambientales”, sin ni siquiera estar claros los criterios técnicos para diferenciar entre un recursos naturales y un servicio ambiental.
El agua, por ejemplo, es considerado un recurso natural, sin embargo, se promueve y se hacen mercados de agua como si fueran mercados de servicios ambientales. Para ser exactos atraviesa por las dos modalidades, en un principio en las comunidades se promueve como un servicio ambiental pagando a las comunidades 400 ó 500 pesos por hectárea por haber enajenado su territorio y por aceptar el papel de meros guardabosques o bien obreros de una fábrica de agua, después los patrones, es decir los operadores de agua potable en las ciudades que en algunos casos es el Estado y en otros son trasnacionales, la cobran como servicio ambiental, como un recurso que se mide en metros cúbicos y que se restringe total o parcialmente si hay ausencia de pago.
La Semarnat y la Conafor han promovido irracionalmente este mercado, siendo así cómplices de una de las más sofisticadas formas de mercantilización de las esencias de la vida (Y+rameka, como lo llama el pueblo wixarika). Prácticamente todos sus programas que derivan en subsidios y pagos tienen que ver con “el mercado de servicios ambientales”, en el caso de Jalisco, la Conafor se puso la meta de incorporar 24 mil 200 hectáreas al pago de servicios ambientales y establecer 2 mil hectáreas como áreas piloto de mercados locales de servicios ambientales. Incluso el Premio Nacional al Mérito Forestal 2009 que otorgará Conafor “busca premiar a los ejidos y comunidades que han logrado un avance en el desarrollo de mercados locales o globales de servicios ambientales hidrológicos, por conservación de la biodiversidad o por captura de carbono.”
El pago que se da a las comunidades por los servicios ambientales por conservación de la biodiversidad pasa por un escenario similar al del agua, la función ecosistémica es la capacidad de albergar la biodiversidad generando las condiciones necesarias de hábitat para las especies de flora y fauna, pagando a las comunidades cantidades similares por hectárea, pero posteriormente empresas farmacéuticas, por ejemplo, hacen mercados millonarios de productos derivados de los conocimientos indígenas sobre las plantas medicinales, información robada a través de las investigaciones científicas que se realizan en esas áreas bio-diversas donde se otorga este tipo de pagos.
En México, cuando se intensificaron las ofertas a comunidades y ejidos para entrar al pago por servicios ambientales por biodiversidad, se realizaron prospecciones a detalle para evaluar índices científicos de diversidad. En esta coyuntura política, en abril del 2005, fue aprobada por el Congreso de la Unión la Ley General de Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos y se reformó la Ley de Propiedad Industrial, permitiendo así patentar conocimientos e inclusos organismos vivos.
Estos mercados de recursos naturales contravienen lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en donde deja claro que “deben protegerse los recursos naturales propiedad de los grupos indígenas, incluyendo su aprovechamiento, administración y conservación y que deberán establecerse mecanismos para determinar si su explotación perjudica a los interesados, además de tener derecho de participar de los beneficios que genere su explotación” la violación está en que las comunidades no son partícipes del beneficio económico que se deriva de la comercialización del recurso natural, sino de una supuesta compensación para que se los bosques realicen las funciones ecosistémicas con las que se quiere lucrar.
Un ejemplo de lo anterior es que los campesinos habitantes de la Sierra de Sapalinamé en lugar de recibir 400 pesos por hectárea por no tocar su propio territorio, cobrarán por metro cúbico el agua que se captó en sus comunidades y que finalmente se consumió en Saltillo, cobro que sin embargo, sí realiza la trasnacional Aguas de Barcelona; otro ejemplo es que la voraz empresa minera Peña Colorada pagara a la comunidad de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, no por servicios ambientales, sino por metro cúbico de agua que usa y contamina para su operación. En todo caso, dicho mercado lleva a la sobreexplotación de recursos y a un mayor despojo por parte de las ambiciosas industrias capitalistas.
Los ecosistemas en su conjunto son la esperanza de un relativo equilibrio ambiental planetario, hoy que los bosques están amenazados, que cada vez hay menos agua disponible para los seres humanos, que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están afectando tan severamente el clima del mundo, la extinción sin precedentes de especies animales y vegetales, y que las plantas y los saberes tradicionales constituyen un negocio para las farmacéuticas, surge el pago por servicios ambientales, queriendo mitigar un problema que ha generado el mercado, pero con el mismo mercado… droga para el drogadicto.
Para los espacios académicos, para las instancias gubernamentales cuya misión es “la protección al medio ambiente”, para las ONG multinacionales ambientalistas y desde las justificaciones de empresas contaminantes, en los espacios naturales y principales ecosistemas del planeta se han ocasionado daños por los excesos y los malos manejos de sus habitantes, es decir, los pueblos indígenas y campesinos que los habitan.Es esta, sin embargo, una postura que ignora en su conclusión que los pueblos indígenas los han mantenido ecológicamente por siglos, siendo más bien el crecimiento de la industrialización y urbanización la responsable de la deforestación, de la contaminación del agua, de la atmósfera, de las semillas, de la diversidad biológica y de todos los elementos identificables que afectan los ecosistemas.
La devastación que conlleva la reproducción industrial del capital se refleja en las comunidades en forma de despojo territorial, siendo este el saqueo de tierra, bosque, agua, minerales, conocimientos tradicionales y de funciones ecosistémicas capaces de retener recursos hídricos, de captar dióxido de carbono o de albergar biodiversidad. Este robo es lo que en los hechos ha causado las graves condiciones ambientales que actualmente enfrenta el planeta entero.
Los mercados de estos elementos naturales actúan en directrices diferentes, con sus dinámicas comerciales muy particulares para cada uno de ellos.
El mercado más claro es sin duda el de la madera o los minerales, pues estos se miden en metros cúbicos y toneladas, se cotizan en la bolsa de valores y los precios se rigen por la ley de la oferta y la demanda, sin embargo, también han operado los mercados de funciones ecosistémicas, llamadas comercialmente como “servicios ambientales”, sin ni siquiera estar claros los criterios técnicos para diferenciar entre un recursos naturales y un servicio ambiental.
El agua, por ejemplo, es considerado un recurso natural, sin embargo, se promueve y se hacen mercados de agua como si fueran mercados de servicios ambientales. Para ser exactos atraviesa por las dos modalidades, en un principio en las comunidades se promueve como un servicio ambiental pagando a las comunidades 400 ó 500 pesos por hectárea por haber enajenado su territorio y por aceptar el papel de meros guardabosques o bien obreros de una fábrica de agua, después los patrones, es decir los operadores de agua potable en las ciudades que en algunos casos es el Estado y en otros son trasnacionales, la cobran como servicio ambiental, como un recurso que se mide en metros cúbicos y que se restringe total o parcialmente si hay ausencia de pago.
La Semarnat y la Conafor han promovido irracionalmente este mercado, siendo así cómplices de una de las más sofisticadas formas de mercantilización de las esencias de la vida (Y+rameka, como lo llama el pueblo wixarika). Prácticamente todos sus programas que derivan en subsidios y pagos tienen que ver con “el mercado de servicios ambientales”, en el caso de Jalisco, la Conafor se puso la meta de incorporar 24 mil 200 hectáreas al pago de servicios ambientales y establecer 2 mil hectáreas como áreas piloto de mercados locales de servicios ambientales. Incluso el Premio Nacional al Mérito Forestal 2009 que otorgará Conafor “busca premiar a los ejidos y comunidades que han logrado un avance en el desarrollo de mercados locales o globales de servicios ambientales hidrológicos, por conservación de la biodiversidad o por captura de carbono.”
El pago que se da a las comunidades por los servicios ambientales por conservación de la biodiversidad pasa por un escenario similar al del agua, la función ecosistémica es la capacidad de albergar la biodiversidad generando las condiciones necesarias de hábitat para las especies de flora y fauna, pagando a las comunidades cantidades similares por hectárea, pero posteriormente empresas farmacéuticas, por ejemplo, hacen mercados millonarios de productos derivados de los conocimientos indígenas sobre las plantas medicinales, información robada a través de las investigaciones científicas que se realizan en esas áreas bio-diversas donde se otorga este tipo de pagos.
En México, cuando se intensificaron las ofertas a comunidades y ejidos para entrar al pago por servicios ambientales por biodiversidad, se realizaron prospecciones a detalle para evaluar índices científicos de diversidad. En esta coyuntura política, en abril del 2005, fue aprobada por el Congreso de la Unión la Ley General de Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos y se reformó la Ley de Propiedad Industrial, permitiendo así patentar conocimientos e inclusos organismos vivos.
Estos mercados de recursos naturales contravienen lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en donde deja claro que “deben protegerse los recursos naturales propiedad de los grupos indígenas, incluyendo su aprovechamiento, administración y conservación y que deberán establecerse mecanismos para determinar si su explotación perjudica a los interesados, además de tener derecho de participar de los beneficios que genere su explotación” la violación está en que las comunidades no son partícipes del beneficio económico que se deriva de la comercialización del recurso natural, sino de una supuesta compensación para que se los bosques realicen las funciones ecosistémicas con las que se quiere lucrar.
Un ejemplo de lo anterior es que los campesinos habitantes de la Sierra de Sapalinamé en lugar de recibir 400 pesos por hectárea por no tocar su propio territorio, cobrarán por metro cúbico el agua que se captó en sus comunidades y que finalmente se consumió en Saltillo, cobro que sin embargo, sí realiza la trasnacional Aguas de Barcelona; otro ejemplo es que la voraz empresa minera Peña Colorada pagara a la comunidad de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, no por servicios ambientales, sino por metro cúbico de agua que usa y contamina para su operación. En todo caso, dicho mercado lleva a la sobreexplotación de recursos y a un mayor despojo por parte de las ambiciosas industrias capitalistas.
Los ecosistemas en su conjunto son la esperanza de un relativo equilibrio ambiental planetario, hoy que los bosques están amenazados, que cada vez hay menos agua disponible para los seres humanos, que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están afectando tan severamente el clima del mundo, la extinción sin precedentes de especies animales y vegetales, y que las plantas y los saberes tradicionales constituyen un negocio para las farmacéuticas, surge el pago por servicios ambientales, queriendo mitigar un problema que ha generado el mercado, pero con el mismo mercado… droga para el drogadicto.
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