Boletín 1/2011
Desde el mes de Octubre pasado que inicio la invasión inmobiliaria del fraccionamiento AltaVista Residencial (primera fase de Mirasierra de Zapopan, promovido por los corporativos Tierra y Armonía, GVA y GIG) al bosque El Nixticuil, ha sido evidente la complacencia del gobierno municipal, sin embargo la complicidad también ha venido desde la SEMADES que ha mostrado estar también en las filas del capital inmobiliario al negarse a hacer valer el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado, el cual indica que dicha zona no es urbanizable.
A esta lista de malos gobiernos e instituciones parciales, se suma el nivel federal con el actuar de la PROFEPA y la SEMARNAT, pues fue hasta el pasado día 6 de enero que la PROFEPA notificó con respecto a la denuncia popular que nuestra organización interpuso desde hace casi tres meses (29 de Octubre de 2010) y que fue ratificada la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT) y la organización hermana Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). La notificación tardía de la Procuraduría, no contiene información alguna sobre las visitas de inspección que debió haber realizado en el área que está siendo urbanizada por AltaVista y mucho menos sobre los resultados de las mismas.
Peor aún, en el documento sólo se hace referencia a un oficio emitido por la SEMARNAT, que fue presentado por el director ejecutivo de Mirasierra Joseph Rodrik Medina, en el que la Secretaría los exime de “regularización en materia de impacto ambiental” y se deslinda de responsabilidad arguyendo que es una zona agrícola y de que no se trata de un Área Natural Protegida (ANP) de carácter Federal, por lo que no es de su competencia y se amenaza con dar por concluido el expediente de denuncia. Sin embargo existen diversos argumentos para debatir lo anterior y que contradicen el actuar de estas instituciones, dos de los cuales lo hacen puntualmente y demuestran que los delegados de la PROFEPA y la SEMARNAT están actuando de una manera cómplice, los cuales queremos hacer públicos:
1.- Desde el 2009 la SEMARNAT estuvo evaluando y “consultando” la factibilidad del Cambio de Uso de Suelo para diversas áreas boscosas del ANP, incluidas las que comprende el polígono invadido por AltaVista, por solicitud de los promoventes del proyecto Mirasierra (proceso del cual se desistieron por la presión pública en marzo del 2010), por lo que es absurdo que ahora alegue incompetencia.
2.-El Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 5°, qué obras requieren autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental:
O) Cambios de uso de Suelo en Áreas Forestales, así como en Selvas y zonas áridas:
I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables;
De acuerdo con esto la Secretaría es competente para actuar, pues las actividades que se están realizando cumplen con los supuestos de Cambio de uso de suelo por tratarse de un desarrollo inmobiliario en un predio con vegetación forestal;, además está obligada a hacer cumplir la NOM 059 que establece a especies de flora y fauna del Nixticuil como amenazadas y protegidas, y a garantizar la preservación de los ecosistemas en los que éstas habitan, lo cual omiten considerar en su afán de dar respaldo a los corporativos inmobiliarios.
Como mencionamos, a lo anterior podrían sumársele muchos más argumentos como que parte del predio fue incendiado y talado en 2010, la declaración pública del regidor Luis Alejandro Rodríguez admitiendo que los “urbanizadores rebasan la franja divisoria en Nixticuil” (La Jornada Jalisco 5/11/2010) y la autoacusación del propio consultor ambiental del proyecto Mirasierra, Luis Toro, en la que admite que el proyecto inmobiliario está invadiendo el ANP del bosque el Nixticuil (La Jornada Jalisco 2/11/2010).
Con todo esto, es evidente la posición de respaldo que el Delegado de la PROFEPA, José de Jesús Becerra Soto y el de la SEMARNAT, José de Jesús Álvarez Carrillo, están dando al crimen ambiental que está cometiendo AltaVista como parte del desarrollo inmobiliario activo más grande del estado de Jalisco; las dos instituciones federales que debieran intervenir para detener de forma urgente y definitiva las invasiones al Nixticuil, están respaldando los intereses capitalistas y siendo permisivas de que continúe la urbanización de AltaVista con la construcción de bardas e introducción de drenajes.
Comité Salvabosque
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