Pobladores de Mezcala en Poncitlán denuncian acoso de grupo armado por terrenos

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Comuneros de Mezcala en Poncitlán Jalisco, denuncian que un grupo armado acosa a los pobladores para conservar el control del terreno El Pandillo que les fue arrebatado de forma irregular en 1999 por un particular explica Rocío Moreno.

“Ésta persona un empresario de aquí de Guadalajara Guillermo Moreno Ibarra entró a nuestra comunidad invadiendo al rededor de nueve hectareas, y ahorita van alrededor de once hectareas se va ampliando cada vez más”. Asegura que ya denunciaron el hecho ante la PGR y el Ejército Mexicano por no atendieron su llamado, por eso responsabilizan a las autoridades incluido el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez y la Procuradoría agraria de de cualquier acto de violencia o muerte que ocurra en Mezcala. (Por Víctor Montes Rentería)

El Dr. Jorge Alonso recibe el Premio Jalisco y se solidariza con la lucha de la comunidad de Mezcala

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Mezcala: los niños, las niñas y el lobo de la historia

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Milenio Jalisco:

Chapala. Las instituciones, “al mejor postor”, asegura Rocío Moreno, activista que fue encarcelada sin motivo

Juicio lleno de vicios: comuneros

Pobladores de Mezcala preparan ofensiva legal para proteger derechos.

• 2011-09-23•Ciudad y Región

Los miembros de la comunidad de Mezcala defienden sus tierras. Fotos: Marco A. Vargas

Resulta “increíble” que a un particular se le permita denunciar y se le otorguen órdenes de aprehensión contra sus denunciados, cuando ni siquiera ha demostrado la legal propiedad y el mejor derecho sobre el bien en disputa; pero la justicia y las instituciones “parecen estar al mejor postor”, dijo ayer Rocío Moreno, activista de la comunidad de Mezcala, cuya presunta responsabilidad en una acusación de “daños a las cosas”, fue desechada por “falta de elementos”.

Es el caso penal en que ella y diez compañeros comuneros fueron acusados de “daños a las cosas” por un presunto prestanombres del empresario Guillermo Moreno Ibarra, en virtud de lo cual la comunera pisó la cárcel en Ocotlán, pagó una costosa fianza y luego se le ofrecieron disculpas porque no se había acreditado su presencia en los hechos denunciados. Sus diez compañeros tienen aprehensión vigente, pero ya se presentaron al juzgado a declarar y gozan de libertad bajo caución.

En el fondo del caso, un juicio agrario por el cual el Tribunal Unitario 16, con sede en Guadalajara, determinará en breve cuál es el mejor derecho: los comuneros cocas, que tienen títulos del rey de España que fueron reconocidos por el gobierno mexicano en el siglo XX como “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, o la cesión de derechos que ostenta el particular, con apenas diez años de haberse adquirido sin acuerdo de asamblea.

“Es evidentemente un esfuerzo por intimidar cuando ya ve perdido el juicio, pero entonces, el mensaje es que con dinero se puede comprar la justicia, ¿se trata de que nosotros también podemos inventar un caso?”, cuestionó Rocío Moreno, entrevistada por vía telefónica.

La impunidad de su adversario va más allá de torcer la justicia penal a su favor: sin permisos de la autoridad federal, desvió un arroyo, construyó una represa y derribó árboles de una zona forestal. A Rocío Moreno le extraña que no haya presencia expedita de inspectores de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando se trata de dos delitos que ameritan la acción de la justicia.

Insistió en que una comunidad indígena tiene como máximo órgano de gobierno a su asamblea comunal, y que el goce y posesión de los bienes es estrictamente comunal, es decir, nadie puede “privatizar” ningún bien sin sanción de la asamblea. La acción de desmontar celdas solares de tierras de la comunidad fue orden de asamblea, y los comuneros que la realizaron estaban obligados a realizarla.

El proceso que se sigue aún contra diez comuneros, añade la activista, está viciado: el delito de daño en las cosas se persigue a petición de parte, pero cinco de los comuneros a los que se les dictó auto de formal prisión no fueron mencionados por el denunciante, y por si fuera poco, los comuneros no fueron citados para defenderse.

Así, en Mezcala no pretenden quedarse con los brazos cruzados: habrá acciones legales para contrarrestar este manejo desaseado de las instituciones, advirtió.

Guadalajara. Agustín del Castillo

La Jornada Jalisco:

JORGE ROCHA

La injusticia en Mezcala

El martes 6 de septiembre fue detenida Rocío Moreno, comunera de Mezcala, indígena coca y estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara. Su aprehensión se dio luego de que recibió una llamada en su teléfono celular pidiéndole que asistiera al diario Milenio Jalisco para una supuesta entrevista. No fue así. La estaban esperando a la entrada de este medio de comunicación dos agentes de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia que la detuvieron, llevándola primero a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia ubicadas en la calle 14, donde pasó la noche en una celda y al día siguiente fue puesta a disposición del juez penal Óscar Martín Morales Vázquez en Ocotlán, Jalisco, que luego del pago de una fianza que rebasaba los cien mil pesos, la dejó en libertad.

Esta detención, plagada de irregularidades, tiene como telón de fondo la defensa que está haciendo de su territorio la comunidad coca de Mezcala, que tiene su asiento en la ribera del lago de Chapala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Este conflicto se remonta al año de 1999 cuando un empresario local se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal de dicha comunidad presuntamente a través de un prestanombres llamado Crescenciano Santana. Este acto motivo a las autoridades indígenas de Mezcala a demandar la inmediata restitución de las tierras ante el Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede en la capital tapatía. El magistrado Agustín Hernández González, a cargo de este expediente, que antes estuvo siete años en el Tribunal de Atotonil-co, Jalisco, no ha resuelto el juicio. La última información al respecto dice que se encuentra en la etapa de dictar sentencia.

De acuerdo a lo señalado por la comunidad coca de Mezcala y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), las confrontaciones de este empresario con la comunidad no son nuevas. Detallan que ya en otros momentos han existido hechos donde la comunidad indígena ha sido violentada por esta persona y agregan que los daños realizados por el empresario Guillermo Moreno Ibarra no se reducen a la invasión de tierras, también ha desviado el cauce de un río, removido tierra para la construcción de una mansión y ha creado brechas exclusivas para sus vehículos.

El motivo de la detención de Rocío Moreno y la acusación hacia diez comuneros más, tuvo como origen que la comunidad decidió desmantelar un panel solar que Moreno Ibarra había instalado en terrenos comunales, razón por la cual el empresario emprendió una acción legal en contra de estos miembros de la comunidad. De acuerdo a lo expresado por el Cepad, Rocío Moreno no estuvo presente en la asamblea comunal que decidió desmontar dicha estructura.

Este condenable hecho deja entrever varias tendencias que en Jalisco ya se están volviendo sistemáticas. La primera es la apropiación de recursos naturales estratégicos, que son arrebatados a sus pobladores a través de procesos de dudosa legalidad y donde los intereses privados se sobreponen a las necesidades de las comunidades.

Los otros casos que tienen cierta similitud con lo que está pasando en Mezcala es Tenacatita, en la costa del estado y el bosque El Nixticuil en el municipio de Zapopan. Parecería que aquellos que han cuidado y preservado sus recursos naturales a través del tiempo, están en permanente riesgo ante la voracidad de quienes quieren apropiarse de aquello que han mantenido en buen estado hasta hoy y que al ver oportunidades de negocio o disfrute personal de estos recursos, pretenden arrebatárselos con cualquier pretexto.

La segunda tendencia que se deja entrever en el caso de Mezcala, es el uso de la justicia de forma parcial, poco aseada y donde se busca defender los intereses de una parte y contrariar las necesidades de la otra parte. El manejo faccioso de las entidades de justicia sigue siendo un lastre en nuestro país y nuestro estado; y el caso del citado empresario con la comunidad de Mezcala es una muestra de ello. Primero hay una invasión, luego un juicio de dura años y no se resuelve, ante esta dilación se empiezan a dar otros hechos donde una parte sigue afectando a la otra sin que las autoridades hagan absolutamente nada, y cuando las personas contrariadas se movilizan, entonces la justicia sí es expedita y las víctimas terminan siendo presuntos delincuentes. Vaya justicia la que se imparte en Jalisco cuando los afectados terminan siendo los presuntos culpables.

La tercera tendencia que este caso deja entrever es la criminalización de la protesta social. Rocío Moreno ha sido una de las figuras más visibles en la comunidad de Mezcala por su compromiso con las luchas y las demandas del pueblo coca que vive allí. Ha sido, junto con otros comuneros, vocera de su comunidad y ha impulsado la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en el occidente del país. Su aprehensión, a pesar de no haber participado en los hechos que se le imputan, se parecen más a una persecución de su persona, que a la verdadera búsqueda de la justicia, y por lo menos con la información disponible, podemos afirmar que se trata de otro caso de criminalización de la protesta social en Jalisco. En este estado donde la clase política puede hacer muchas cosas que podrían merecer castigo, y sin embargo se mantienen en la impunidad; mientras que para un ciudadano defender su territorio pueden ser motivo de persecución legal.

Hasta el momento en el que se escribe este texto, no se sabía si Moreno tendría que enfrentar un proceso penal por la demanda en su contra o se consideraría que no había elementos suficientes para continuar con el juicio. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo este tipo de justicia?

jerqmex@hotmail.com

Milenio Jalisco:

Rocío Moreno, de Mezcala

Exigen detener proceso ilegal contra comunera

El Cepad señala inconsistencias y arbitrariedades en la acción penal.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió al gobernador del estado, Emilio González Márquez, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González; al procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, y a la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Victoria Pacheco Jiménez, entre otras autoridades, cesar “el enjuiciamiento y persecución a integrantes de la comunidad indígena de Mezcala, y la restitución de sus territorios comunales”.

El Cepad “ha recibido por parte de habitantes y autoridades de la comunidad indígena, información y documentación sobre una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por distintas autoridades en contra de la mujer indígena Rocío Moreno y los integrantes de la comunidad, quienes han defendido su territorio invadido desde el año de 1999 por el empresario Guillermo Moreno Ibarra y su prestanombres Crescenciano Santana Sánchez [quien es miembro de la comunidad] con la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales”, señala un comunicado emitido este domingo.

El Cepad también ha documentado que “las agresiones de Guillermo Moreno contra habitantes y líderes de la comunidad son frecuentes […] las autoridades de Bienes Comunales acatando un acuerdo de Asamblea del 22 de marzo del año en curso, decidieron desmontar un panel solar que se estaba construyendo en territorio comunal”.

Esto derivó en una averiguación penal impulsada por el empresario y la detención de la comunera “con una averiguación previa plagada de irregularidades consideradas violaciones a los derechos”.

El Cepad exige: “que los representantes de la Procuraduría de Jalisco, se desistan de la acción dentro del juicio penal número de expediente 318/2011-C, celebrado ante el licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, esto debido a las irregularidades cometidas por la Ministerio Público, Lucero Moreno Murguía, dentro de la averiguación previa 1327/2011 de Ocotlán”.

Dos, “que el Juez Penal, licenciado Oscar Martín Morales Vázquez resuelva dejar en plena libertad a Rocío Moreno y al resto de los comuneros, así como dejar sin efectos las órdenes de aprehensión, debido a que no existen elementos constitutivos de delitos, y por ende, asentar las inconsistencias legales de hecho y de derecho, todas ellas violatorias de los derechos humanos de las personas de la comunidad”.

También exigen que se resuelva de una vez el juicio agrario interpuesto para la restitución de los bienes comunales, y que las autoridades ambientales sancionen los daños ocasionados en el predio. Firma César Octavio Pérez Verónica, responsable de Litigio Estratégico del Cepad.

Guadalajara • Agustín del Castillo

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

A lOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.

LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

Hoy- aquí y ahora-, Nosotros, los integrantes de los diversos pueblos de este nuestro país México, que desde siempre hemos vivido y trabajado en sus entrañas, en sus montes, en sus valles, en sus desiertos, y en sus mares. Nosotros que cuidamos y vivimos en sus árboles, en sus flores, en sus nubes, en su gran variedad de pájaros, de tigres, de venados, de peces y de otros seres vivos. Hoy – aquí y ahora-, Nosotros que vemos como nuestro hermano Río Yaqui está en peligro de ser despojado, una vez más, de su caudal de agua; para beneficio del los poderosos del dinero y en perjuicio de la indomable y valerosa Tribu Yaqui; de esos hermanos y hermanas que desde siempre han luchado contra la adversidad en el desierto. Hoy –aquí y ahora-, Nosotros, los miembros del Congreso Nacional Indígena con sus pueblos, naciones y tribus que luchamos por democracia, libertad, justicia y paz que merece nuestro país y nuestra patria, y considerando:

-Que son necesarias la creatividad y la paciencia para generar todas las formas de lucha que permitan hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Acuerdos de San Andrés;

- Que los malos gobiernos federal y del Estado de Sonora se empeñan en realizar un acueducto que despojaría de gran cantidad de agua a la tribu yaqui, al pretender construir el llamado acueducto Independencia, en contra de toda ley y contra la voluntad de sus habitantes;

- Que en vez de atender los justos reclamos y necesidades de la Tribu Yaqui, hoy los Gobiernos Federal y del Estado de Sonora amenazan e intimidan a nuestras hermanas y hermanos yaquis, y a las personas de la sociedad civil que se organiza pacíficamente, junto con ellos, para demandar la cancelación definitiva de este proyecto de despojo y que pone de manifiesto el desacato de los poderosos del dinero al derecho nacional e internacional y, sobretodo , violentan la vida, la paz y la justicia

-Que en cumplimiento al mandato de nuestros pueblos, naciones tribus y barrios, que en diferentes foros, asambleas y reuniones -regionales, nacionales e internacionales- hemos acordado para evitar el despojo de nuestra madre tierra y del agua que quieren hacer los amantes del neoliberalismo, damos dar a conocer a todos los pueblos y naciones de la tierra el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Primero.-Hoy –aquí y ahora-, Nadie se rinde ante el despojo del agua y de la tierra de la Tribu Yaqui; Que somos muchos más los que estamos en el campamento de Vícam, Sonora, que no ve el Gobierno de Sonora ni el Gobierno Federal;

Segundo.- Saludamos a los miembros de la valerosa tribu yaqui, nuestros queridos y respetados hermanos, y damos nuestras manos y nuestro corazón solidario, para hacer extensiva su lucha por el agua del Río Yaqui, hasta nuestros territorios y nuestras tierras, para que cada Pueblo, Nación, Tribu o Barrio desarrolle las acciones pacíficas que considere necesarias y pertinentes para que los oídos sordos de los gobiernos se abran y escuchen que no pueden pasar por encima de la autonomía y autodeterminación de los pueblos, sin que tenga consecuencias para la Paz y la Justicia;

Tercero.- Llamamos a la Comunidad Nacional e internacional a que se una a esta lucha civil y pacífica para evitar que haya represión en contra de nuestros hermanas y hermanos yaquis, y de aquellos que se solidaricen con su causa, pues sabemos que el gran capital no tiene más frontera que la de la ambición del oro, del dólar, del Euro y de todo aquello que representa la explotación del hombre y la mujer;

Cuarto.- Exigimos a los gobiernos Federal y del Estado de Sonora para que procedan a la cancelación definitiva del Acueducto Independencia, que sólo traería más pobreza, marginación y conflictos al territorio de nuestros hermanos yaquis; y mayores conflictos en todo el territorio nacional

Quinto.- Exigimos que no haya represión, ni cárcel a quienes de manera digna defienden su tierra, su agua y su territorio, pues sólo pondría de manifiesto que las formas legales y pacíficas se agotan, y ello traería inevitablemente una escalada de violencia, en donde los únicos responsables y culpables son los gobiernos por atentar contra la Paz, la Justicia y la Libertad.

Sexto.- Ante la represión y el hostigamiento de los malos gobiernos federal y estatal de nuestro país México, en contra de la comunidades que luchan por su Autonomía y su Autodeterminación; como són: las comunidades Zapatistas, la comunidad Nahua de Ostula, los hermanos Wixaricas, los hermanos Purhépechas de Cherán, la Tribu Yaqui, los hermanos Amusgos de Xochistlahuaca y los hermanos Coca de Mezcala. En esta última comunidad, fue detenida- con engaños por un grupo de policias al servicio de los poderosos-, la hermana Rocío Moreno, el día 6 de septiembre.

El C.N.I. exige el respeto a la vida, al agua, a la tierra, al territorio, a la cultura, a los sitios sagrados y a la autonomía de los pueblos que luchan de manera pacífica, y convocan a los miembros de la comunidad nacional e internacional, a que se solidaricen con la lucha de los pueblos, naciones, tribus y barrios de México.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Dado en la República Mexicana el día 11 de Septiembre del año 2011.

El Informador:

Respaldan antropólogos lucha de comunera de Mezcala

• Exigen anulación de cargos

Rocío Moreno fue detenida mediante engaños el martes 6 de septiembre y puesta en libertad después de pagar una fianza

Detienen a comunera de Mezcala


GUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2011).- En el marco del Primer Encuentro entre Antropólogos Brasileños y Mexicanos realizado en la Ciudad de México y organizado por la Universidad de Brasilia y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), los especialistas de ambas naciones manifestaron su inconformidad por la detención “arbitraria” de la comunera de Mezcala, Rocío Moreno, el pasado miércoles y las órdenes de aprehensión contra 13 comuneros más, hecho que calificaron como una “ manipulación de la justicia y las leyes” en aras de privilegiar intereses empresariales.

Vía comunicado de prensa, imprimieron su descontento por el procedimiento recurrente de las autoridades de todos niveles de México, quienes, según declaran, tratan de doblegar las luchas que llevan a cabo las comunidades contra los proyectos que atentan contra sus territorios legalmente reconocidos que son base de su sustento, identidad y formas de vida.

Con base en sus investigaciones, respaldaron que el presente caso no es un hecho aislado, sino que es una constante en los procedimientos de impartición de justicia del país.

Por lo anterior, exigieron la anulación de todas las órdenes de aprehensión vigentes contra la también estudiante de maestría de la Universidad de Guadalajara y los demás comuneros; que se resuelva el juicio agrario pendiente desde hace 10 años de acuerdo a la Legislación, y se respeten los derechos territoriales reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Además, llamaron a avanzar en el juicio por invasión de tierras comunitarias por parte del empresario Guillermo Moreno Ibarra, y la denuncia por las amenazas con armas de fuego hechas por sus trabajadores contra los comuneros a los que ahora se quiere detener.


La detención


Rocío Moreno fue detenida mediante engaños el martes 6 de septiembre en la puerta de un diario local. A este lugar acudió después de recibir una llamada de alguien que se hizo pasar como miembro de la redacción de dicho medio.

En el momento en que llegó, fue detenida por agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Fue liberada bajo fianza al día siguiente luego de que familiares y amigos hicieran un pago de 138 mil pesos.

Milenio Jalisco: Por la detención de comunera de Mezcala Rocío Moreno CEDHJ abre acta de investigación

• 2011-09-08•Ciudad y Región - MILENIO
  

Tras conocer la detención de Rocío Moreno, integrante de la comunidad indígena coca de Mezcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación, a fin de determinar si se respetaron las garantías de la activista en todo el proceso.

Lo anterior fue confirmado por el director de Quejas de la CEDHJ, Luis Arturo Jiménez Jiménez, quien señaló que el expediente está siendo integrado por la Oficina Regional el organismo defensor con sede en Ocotlán Jalisco.

“Derivado de esta investigación estaremos en posibilidad de determinar si abrimos una queja de oficio o ya sea ratificada por la misma activista, si es que se presumiera alguna posible violación a sus derechos humanos” por la manera en la que fue detenida, al ser citada en las instalaciones de MILENIO JALISCO, con engaños, indicó.

El funcionario dijo que de las primeras indagatorias se definirá si se emiten medidas cautelares a favor de la activista, quien forma parte de los comuneros de Mezcala que encabezan una lucha contra los invasores de predios ubicados en su territorio.

El organismo también admite que hay antecedentes, en otros casos, de activistas que son hostigados a través de denuncias penales que se presentan en su contra por diferentes motivos.

Cabe recordar que Jalisco encabeza la lista nacional de quejas por violaciones de los derechos humanos de activistas: 523 casos fueron documentados en el periodo enero 2005-mayo 2011 en el Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (MILENIO JALISCO, Julio 16 de 2011).

Guadalajara. Maricarmen Rello

Milenio Jalisco: La comunera de Mezcala salió libre

Tras pagar la póliza de una fianza, el juez de Ocotlán la liberó, luego de un día presa.

• 2011-09-08•Ciudad y Región

Poblado de Mezcala. Garantizaron el pago de una fianza de $138 mil. Foto: Marco A. Vargas

Rocío Moreno, comunera de Mezcala y activista social a favor de la integridad de su comunidad, salió libre bajo fianza ayer por la tarde, tras pasar detenida más de 25 horas, luego de ser detenida afuera de las instalaciones de MILENIO JALISCO, donde fue citada con engaño por la parte denunciante.

Se trata de “un caso inventado por una conjunción de autoridades de todos los niveles en contra de Rocío Moreno y otros comuneros que confirman que detrás de su detención hay intereses económicos y políticos que pretendieron dar un golpe de Estado (sic) a la comunidad de Mezcala en su lucha de más de diez años en contra del invasor Guillermo Moreno Ibarra y en contra de ‘proyectos de desarrollo’ promovidos por gobiernos de todos los niveles”, señaló la noche de ayer un comunicado enviado por un grupo de organizaciones sociales que respaldan a los indígenas cocas.

“Denunciamos que el proceso judicial en contra de Rocío Moreno es un caso burdamente montado pues se le acusó de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares, como pueden atestiguar una decena de personas. Tan es así, que incluso el propio juez echó para atrás la pretensión del Ministerio Público estatal de acusar a Rocío Moreno de robo, cuando en realidad lo que ocurrió es que una decena de comuneros desmontaron un panel solar instalado por el invasor Guillermo Moreno Ibarra y sus personeros, en terrenos comunales que pertenecen a toda la población”, añade el texto.

“Al juego –añaden– se prestaron los jueces penales de Ocotlán, Jesús Alejandro Ortega Reynoso y Óscar Martín Morales Vázquez, que aceptaron por válido el argumento del Ministerio Público de que hubo daños a las cosas por más de 138 mil pesos, cuando el propio juez apuntó en el expediente que el monto no superaba los 20 mil pesos. Por tal motivo, a fin de salir libre de un caso judicial armando irregularmente, familiares y amigos de la dirigente comunal debieron garantizar el pago de una fianza de 138 mil pesos”.

Existen órdenes de aprehensión en contra de otros diez comuneros. Pero además, “se pretendió dar un golpe [...] en contra de la comunidad de Mezcala para detener el proceso legal que existe en contra del invasor Guillermo Moreno. Así lo demuestra el hecho de que ayer por la mañana se saqueó la Casa Comunal, y fueron tirados a la basura documentos del expediente jurídico que se sigue en contra de la invasión de el predio El Pandillo”; también lo demuestra la asistencia de “una funcionaria de la Procuraduría Agraria que pretendió legalizar un Asamblea de Comuneros convocada este mismo miércoles sin respetar los reglamentos”.

La reunión fue frustrada por una mayoría de asambleístas que reclamaron el procedimiento. Así, “todas las piezas del rompecabezas revelan entonces que [...] se trata de un golpe a la comunidad de Mezcala que tratan de revertir una lucha de diez años en contra del invasor”.

Firman la Asamblea de comuneros de Mezcala, el Grupo Libertario Solidaridad, el Colectivo Cuadernos de la Resistencia, el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil, la Brigada Callejera, el Colectivo Rebelión Cotidiana y el Seminario Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas.

Guadalajara. Agustín del Castillo

El Informador: Libre bajo fianza, comunera de Mezcala; saquean Casa Comuna

• Estuvo detenida alrededor de 25 horas

Se le acusó de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2011).- La comunera de Mezcala, Rocío Moreno, salió libre bajo fianza hoy por la tarde. Estuvo detenida alrededor de 25 horas, "gracias a un caso inventado por una conjunción de autoridades de todos los niveles en contra de la joven y otros 13 comuneros que confirman que detrás de su detención hay un concierto de intereses económicos y políticos que pretendieron dar un 'golpe de Estado' a la comunidad de Mezcala en su lucha de más de 10 años en contra del invasor Guillermo Moreno Ibarra", explican en un comunicado distintas asociaciones, entre ellas, la Asamblea de Comuneros de Mezcala.

En el documento denuncian que el proceso judicial es un caso "burdamente montado", pues se acusó a la estudiante de maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares, como pueden atestiguar una decena de personas.

"Tan es un caso burdamente inventado que incluso el propio juez echó para atrás la pretensión del ministerio público estatal de acusar a Rocío Moreno de robo, cuando en realidad lo que ocurrió es que una decena de comuneros desmontaron un panel solar instalado por el invasor Guillermo Moreno Ibarra y sus personeros, en terrenos comunales que pertenecen a toda la población".

Los jueces penales de Ocotlán que aceptaron por válido el argumento del ministerio público de que hubo daño en las cosas por más de 138 mil pesos son Jesús Alejandro Ortega Reynoso y Óscar Martín Morales Vázquez, a pesar de que el propio juez apuntó en el expediente que el monto no superaba los 20 mil pesos. De cualquier modo, los familiares y amigos de la joven tuvieron que garantizar el pago de una fianza de 138 mil pesos.

Por otro lado, hoy por la mañana se saqueó la Casa Comunal, y fueron tirados a la basura documentos del expediente jurídico que se sigue en contra de la invasión del predio El Pandillo.

La Asamblea de Comuneros de Mezcala denunció que en esos hechos participaron, por un lado, abogados del empresario-invasor Guillermo Moreno Ibarra, así como policías municipales de Poncitlán del gobierno que encabeza el perredista Carlos Maldonado Guerrero. También estuvieron presentes el ex delegado municipal Nicolás Baltazar (militante del PRD).

TELÓN DE FONDO

Rocío Moreno, de la comunidad coca de Mezcala, fue detenida mediante engaños el marte 6 de septiembre a las 18:00 horas en la puerta de un diario local. A este lugar acudió después de recibir una llamada de alguien que se hizo pasar como miembro de la redacción de dicho periódico y le pidió que acudiera a las instalaciones del periódico.

En el momento en que llegó, Rocío Moreno fue detenida por agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, argumentando que ella y otros comuneros tienen una orden de aprehensión por el delito de daño en las cosas emitida por el juez de primera instancia de Ocotlán, promovida por Crescenciano Santana.

Lo que denunció esta persona es el desmontaje de un panel solar el pasado 10 de abril, los cuales colocó Guillermo Moreno en el área que tiene invadida en el cerro El Pandillo. A pesar de que son terrenos comunales y de que el desmontaje se realizó en presencia municipal de Poncitlán, el ministerio público acreditó que había delito.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el martes recibieron una llamada en la que les decían que una mujer que tenía una orden de aprehensión estaría en calzada del Águila. Los agentes judiciales acudieron al lugar y detuvieron a Rocío Moreno, estudiante de la maestría de Historia en la Universidad de Guadalajara y una de las líderes de la defensa del territorio en Mezcala.

Distintas organizaciones se pronunciaron por la liberación inmediata libre de cargos de Rocío Moreno, ya que, consideran, "se trata de un montaje y una represión directa en contra de una dirigente respetada por la comunidad de Mezcala, quien se ha destacado por la defensa de su territorio y por la lucha en contra de la invasión de terrenos que desde hace 10 años ha realizado el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra. Toda la población de Mezcala conoce que el supuesto comunero Crescenciano Santana es en realidad un prestanombre de Guillermo Moreno".

El documento lo firman la Asamblea de comuneros de Mezcala, el Grupo Libertario Solidaridad, Colectivo Cuadernos de la Resistencia, Comité Salvabosque, Brigada Callejera. Además, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo se pronunció debido a que se trada de un caso más de la criminalización de los defensores de derechos humanos.

EL INFORMADOR /ALEJANDRA GUILLÉN

La Jornada Jalisco: Detención de activista, montaje de PGJE para beneficiar a intereses particulares, denuncian

Es evidente que actúan en concierto diversos funcionarios y autoridades, señalan

Grupos civiles activan una alerta ante instancias de derechos humanos para que se investigue

ANALY S. NUÑO

Por considerar que la detención de Rocío Moreno, representante de la comunidad de Mezcala de la Asunción, se “trata de un montaje y una represión directa en contra de una dirigente respetada por la comunidad de Mezcala”, organizaciones civiles de defensoría de derechos humanos activaron una alerta con la cual se pone en conocimiento a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, a la Red Nacional de los Derechos para Todas y Todos y la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para que se aboquen a investigar este caso y sancionen a los responsables del hecho.

Lo anterior luego de que la tarde del pasado martes elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado citaron a Rocío Moreno –utilizando el nombre de un medio de comunicación local–, para supuestamente realizarle una entrevista y cuando ella arribó a las instalaciones del rotativo fue aprehendida, presuntamente obedeciendo a una orden de detención liberada por un juez de Ocotlán.

“Llamamos al presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, al procurador del estado Tomás Coronado Olmos y a su jefe, el gobernador Emilio González Márquez, a demostrar que no están actuando a favor de un invasor de territorio comunal que ha sido denunciado desde hace diez años y que, en cambio, están a favor de la legalidad y la aplicación de la justicia. Si es así, Rocío Moreno debe salir de inmediato libre de cargos, y se debe hacer justicia a la comunidad de Mezcala restituyéndole los terrenos que le han sido invadidos desde hace una década”, señala la alerta enviada a las organizaciones civiles nacionales e internacionales así como a los funcionarios señalados.

Cabe señalar que la detención se derivó de una denuncia penal por daños a las cosas promovida por Crescenciano Santana, quien denunció el desmontaje de un panel solar el pasado 10 de abril, el cual estaba en terrenos comunales, por lo que los comuneros decidieron retirarlo, la policía municipal de Poncitlán atestiguó los hechos y posteriormente se llevaron dicha estructura.

Golpe de Estado

Rocío Moreno salió libre bajo fianza la tarde del miércoles cerca de las 19 horas, y según la Asamblea de Comuneros de Mezcala y los colectivos y organizaciones que se movilizaron por este asunto, pasó detenida 25 horas “gracias a un caso inventado por una conjunción de autoridades de todos los niveles en su contra de otros comuneros que confirman que detrás de todo esto hay un concierto de intereses económicos y políticos que pretendieron dar un golpe de Estado a la comunidad de Mezcala en su lucha de más de diez años en contra del invasor Guillermo Moreno Ibarra y de los proyectos de desarrollo promovidos por gobiernos de todos los niveles”.

Así, denunciaron que el proceso judicial en contra de Rocío Moreno fue un caso burdamente montado pues se le acusó de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares que pueden atestiguarlo.

“Tan es un caso burdamente inventado que incluso el propio juez echó para atrás la pretensión del Ministerio Público estatal de acusar a Rocío Moreno de robo, cuando en realidad lo que ocurrió es que una decena de comuneros desmontaron un panel solar instalado por el invasor Guillermo Moreno Ibarra y sus personeros, en terrenos comunales que pertenecen a toda la población”, señalaron en un comunicado.

Aseguran que a este montaje se prestaron los jueces penales de Ocotlán, Jesús Alejandro Ortega Reynoso y Óscar Martín Morales Vázquez, que aceptaron por válido el argumento del Ministerio Público de que hubo “daños a las cosas” por más de 138 mil pesos, cuando el propio juez apuntó en el expediente que el monto no superaba los 20 mil pesos.

Además, vincularon la detención de Rocío Moreno con los hechos ocurridos ayer por la mañana en Mezcala, donde alguien saqueó la Casa Comunal y tiró a la basura documentos del expediente jurídico que se sigue en contra de la invasión de el predio El Pandillo; y donde una funcionaria de la Procuraduría Agraria pretendió legalizar una Asamblea de Comuneros convocada para el cambio de autoridades el día de ayer sin respetar los reglamentos.

“No se trató de una simple orden de aprehensión. Es evidente que actúan en concierto diversos funcionarios y autoridades: agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco que integraron una averiguación previa en la que se inventan cargos y hechos; un juez que aceptó fincar cargos a Rocío Moreno y otros comuneros sin existir siquiera mínimos elementos de prueba; policías investigadores que fingen ser reporteros de un diario para citar a Rocío Moreno y detenerla mediante engaños; representantes de la Procuraduría Agraria que participan como edecanes de una autoridad comunal impugnada; funcionarios del gobierno del estado que aprovechan una detención irregular para tratar de imponer proyectos económicos que han sido repelidos por la comunidad desde hace diez años. Y como chicle que pega todas las piezas aparece el empresario invasor Guillermo Moreno Ibarra en el papel de garante de todos los intereses económicos y políticos en juego”.

Por lo anterior, exigieron que se desestimen los cargos en contra de Rocío Moreno y otros diez comuneros, que se sancione a ministerios públicos y jueces que actúan como “personeros del invasor Guillermo Moreno”, y que las autoridades de todos los niveles dejen de actuar de manera parcial “a favor de un grupo de prestanombres del invasor” para dedicarse a aplicar la ley y la justicia sin corruptelas y sin favoritismos.