lunes, 15 de diciembre de 2014
miércoles, 29 de octubre de 2014
Comunidad coca de Mezcala y Comité en defensa del bosque Nixticuil exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas de #Ayotzinapa
lunes, 26 de mayo de 2014
Video-carta de la comunidad de Mezcala al compa Galeano y los zapatistas
martes, 24 de enero de 2012
Pobladores de Mezcala en Poncitlán denuncian acoso de grupo armado por terrenos
Audio
“Ésta persona un empresario de aquí de Guadalajara Guillermo Moreno Ibarra entró a nuestra comunidad invadiendo al rededor de nueve hectareas, y ahorita van alrededor de once hectareas se va ampliando cada vez más”. Asegura que ya denunciaron el hecho ante la PGR y el Ejército Mexicano por no atendieron su llamado, por eso responsabilizan a las autoridades incluido el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez y la Procuradoría agraria de de cualquier acto de violencia o muerte que ocurra en Mezcala. (Por Víctor Montes Rentería)
jueves, 5 de enero de 2012
Boletín de Prensa de Brigada Callejera:
Violación de derechos humanos de trabajadoras sexuales
no califica para recomendación
* Comisión de Derechos Humanos de Jalisco resuelve a favor de presidencia municipal
Por Jaime Montejo de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, México, 4 de enero de 2012.- La Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco (CDHE Jalisco), no va a emitir ninguna recomendación por la "Operación Rescate" de agosto de 2010, donde autoridades e instituciones municipales de Guadalajara, Jalisco, de la que es presidente municipal el priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, violaron derechos humanos de forma misógina a trabajadoras sexuales de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, en un intento de limpieza social, previo a los Juegos Panamericanos del año 2011.
Dicha "Operación Rescate", buscaba menores de edad, sin encontrar a ninguna niña. niño o adolescente en los hoteles a los cuales cateó sin orden de juez, con actitudes que incitaron al odio hacia las trabajadoras sexuales, que fueron exhibidas en todos los medios de comunicación, días antes de que los niños de Guadalajara, regresaran a la escuela, después de una vacaciones de fin de año.
La resolución de la CDHE Jalisco, es un carpetazo electoral, con el cuál Álvarez Cibrián, ombudsman del estado demuestra que está de lado de los violadores de derechos humanos y no de los grupos sociales más vulnerables a la violencia institucionalizada, que viola los derechos humanos de quienes más necesitan una contraparte frente al poder.
Anexamos denuncia de cuando se realizó la "Operación Rescate", por parte de la policía municipal de Guadalajara, Jalisco:
“OPERACIÓN RESCATE” INCITA AL ODIO
HACIA LAS TRABAJADORAS SEXUALES
*Sino te gusta que te tomen fotos“de piruja”, dedícate a otra cosa, mamacita
*Y de aquí, ¿No nos vamos a llevar a ninguna puta?
*Un policía de civil me apuntó por la espalda
Por Jaime Montejo de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Guadalajara Jalisco, 23 de agosto de 2010.- El saldo de la “Operación rescate”, contra la trata de personas, fue el asalto misógino y sexista de cuartos de hotel y casas de huéspedes, donde con lujo de violencia fueron sorprendidas por tomas fotográficas interminables, varias mujeres desnudas y en paños menores. Ese tipo de humillación, no la vivían desde el año 2008, cuando la policía municipal irrumpió en varias fincas de San Juan de Dios con el objeto de liberar a menores prostituidas que nunca fueron encontradas.
En el 2008, la pretensión panista era correr a las trabajadoras sexuales del perímetro de un corredor turístico relacionado con las Villas Panamericanas de los Juegos Olímpicos de 2011, con el pretexto de combatir la prostitución infantil. En esta ocasión, se trata de una acción electoral y mediática priísta, argumentándose la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil. Nada más falso e hipócrita, en ambas ocasiones.
La compensación a esta violencia machista utilizada contra presuntas víctimas del delito, ejercida por fotógrafos y camarógrafos de diferentes medios de comunicación como canal 4 de televisa, el periódico MURAL y Comunicación Social de la presidencia municipal, por sólo mencionar tres ejemplos representativos; fue la oferta que el Instituto de las Mujeres (INMUJERES) de Guadalajara, les hizo a quienes fueron objeto de toda esta violencia patriarcal: becas de capacitación en corte y macramé o empleos temporales con salario mínimo, para restituir la tranquilidad que la violencia fotográfica y policíaca, les robó durante el operativo.
La obligación de los fotógrafos, camarógrafos y policías, era esperarse que saliéramos del cuarto y no meterse así como rateros y mirones que seguramente preparan alguna película pornográfica, con las escenas que obtuvieron al sorprendernos, relató Cristina, trabajadora sexual de 19 años de edad, recién llegada a Guadalajara.
Ante la suplica de varias trabajadoras sexuales que se tapaban el rostro con hojas de periódico, chamarras y pantalones que no alcanzaron a ponerse, por la violenta invasión de cámaras a su intimidad en los cuartos de hotel y casas de huéspedes, donde se encontraban ejerciendo su derecho a la libertad sexual, la respuesta por parte de la autoridad no se dejó esperar: Sino te gusta que te tomen fotos “de piruja”, dedícate a otra cosa, mamacita. “Se siente feo que nos balconeen así”, señalaron Antonia y Ana María, activistas de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, desde hace siete años, que cuentan con 35 y 42 años de edad.
Un policía de civil, seguramente un judicial, me apuntó por la espalda para que no me fuera, pero cómo me iba a ir si nos cayeron por ambas entradas del hotel, denunció Esther, trabajadora sexual de 27 años de edad que además pagó una multa de 450 pesos y al igual que por lo menos otras 6 mujeres, no recibieron a cambio la boleta respectiva por parte del juez cívico, lo cuál puede constituir el delito de robo, extorsión o incluso lenocinio.
Si no nos encontraron haciendo nada, ¿por qué clausuraron los cuartos del hotel?, ¿porqué el Instituto de las Mujeres, permitió que ello ocurriera? ¿No que apoyan a las mujeres contra la violencia? ¿Eso que nos hicieron, no fue violencia hacia nosotras, mujeres trabajadoras sexuales?, fueron algunas preguntas de Roxana, Julieta y Magdalena, que cuentan con 27, 35 y 42 años de vida.
Está bien que se chinguen a quienes tienen menores de edad o mujeres a la fuerza… Pero porqué realizar cateos ilegales, porqué multarnos con tanto dinero si somos trabajadoras no asalariadas, porqué el juez municipal no permitió que nos defendiéramos de las acusaciones que nos hicieron en la razzia y porqué violaron nuestro derecho de personalidad, al ficharnos y fotografiarnos como si fuéramos actrices de cine porno, cuestionaron Elisa, Margarita y Fabiola, trabajadoras sexuales mayores de 24 años, todas ellas.
El menosprecio a la dignidad de las presuntas víctimas de trata que fueron tratadas como delincuentes al ser esposadas, desnudadas, obligadas a hacer cuclillas, fichadas, multadas, fotografiadas y sus imágenes reproducidas en la televisión y diarios recirculación estatal sin su consentimiento; no sólo fue promovido desde la máxima autoridad de la presidencia municipal, Aristóteles … sino que fue avalado y legitimado por el INMUJERES y el DIF, instituciones del gobierno municipal que dicen trabajar contra la violencia de género hacia las mujeres y a favor de los grupos vulnerables, respectivamente, en tanto no se trate de trabajadoras sexuales.
Nuevamente y por tercera ocasión, las causas que dieron origen a la Recomendación 5/2004 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se repiten en la ciudad. La diferencia es que en esta última ocasión, el DIF y el INMUJERES de Guadalajara, son cómplices de dicha violencia hacia las mujeres que trabajan en el sexo.
Finalmente, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara Jalisco, Servando Sepúlveda Enríquez, señaló que el propósito de la “Operación rescate”, llevada a cabo el viernes 20 de agosto, contra trabajadoras sexuales en casas de huéspedes de Gigantes y 5 de mayo y los hoteles Hidalgo y Paris, era liberar a quienes ofrecen servicios sexuales, llevándolas al DIF municipal para que cambien su vida, así como inhibir la explotación sexual infantil en la ciudad.
martes, 1 de noviembre de 2011
Calavera de Mezcala:
jueves, 29 de septiembre de 2011
El Dr. Jorge Alonso recibe el Premio Jalisco y se solidariza con la lucha de la comunidad de Mezcala
miércoles, 28 de septiembre de 2011
sábado, 24 de septiembre de 2011
Milenio Jalisco:
Juicio lleno de vicios: comuneros
Pobladores de Mezcala preparan ofensiva legal para proteger derechos.2011-09-23•Ciudad y Región
Resulta “increíble” que a un particular se le permita denunciar y se le otorguen órdenes de aprehensión contra sus denunciados, cuando ni siquiera ha demostrado la legal propiedad y el mejor derecho sobre el bien en disputa; pero la justicia y las instituciones “parecen estar al mejor postor”, dijo ayer Rocío Moreno, activista de la comunidad de Mezcala, cuya presunta responsabilidad en una acusación de “daños a las cosas”, fue desechada por “falta de elementos”.
Es el caso penal en que ella y diez compañeros comuneros fueron acusados de “daños a las cosas” por un presunto prestanombres del empresario Guillermo Moreno Ibarra, en virtud de lo cual la comunera pisó la cárcel en Ocotlán, pagó una costosa fianza y luego se le ofrecieron disculpas porque no se había acreditado su presencia en los hechos denunciados. Sus diez compañeros tienen aprehensión vigente, pero ya se presentaron al juzgado a declarar y gozan de libertad bajo caución.
En el fondo del caso, un juicio agrario por el cual el Tribunal Unitario 16, con sede en Guadalajara, determinará en breve cuál es el mejor derecho: los comuneros cocas, que tienen títulos del rey de España que fueron reconocidos por el gobierno mexicano en el siglo XX como “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, o la cesión de derechos que ostenta el particular, con apenas diez años de haberse adquirido sin acuerdo de asamblea.
“Es evidentemente un esfuerzo por intimidar cuando ya ve perdido el juicio, pero entonces, el mensaje es que con dinero se puede comprar la justicia, ¿se trata de que nosotros también podemos inventar un caso?”, cuestionó Rocío Moreno, entrevistada por vía telefónica.
La impunidad de su adversario va más allá de torcer la justicia penal a su favor: sin permisos de la autoridad federal, desvió un arroyo, construyó una represa y derribó árboles de una zona forestal. A Rocío Moreno le extraña que no haya presencia expedita de inspectores de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando se trata de dos delitos que ameritan la acción de la justicia.
Insistió en que una comunidad indígena tiene como máximo órgano de gobierno a su asamblea comunal, y que el goce y posesión de los bienes es estrictamente comunal, es decir, nadie puede “privatizar” ningún bien sin sanción de la asamblea. La acción de desmontar celdas solares de tierras de la comunidad fue orden de asamblea, y los comuneros que la realizaron estaban obligados a realizarla.
El proceso que se sigue aún contra diez comuneros, añade la activista, está viciado: el delito de daño en las cosas se persigue a petición de parte, pero cinco de los comuneros a los que se les dictó auto de formal prisión no fueron mencionados por el denunciante, y por si fuera poco, los comuneros no fueron citados para defenderse.
Así, en Mezcala no pretenden quedarse con los brazos cruzados: habrá acciones legales para contrarrestar este manejo desaseado de las instituciones, advirtió.
jueves, 15 de septiembre de 2011
La Jornada Jalisco:
La injusticia en Mezcala
El martes 6 de septiembre fue detenida Rocío Moreno, comunera de Mezcala, indígena coca y estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara. Su aprehensión se dio luego de que recibió una llamada en su teléfono celular pidiéndole que asistiera al diario Milenio Jalisco para una supuesta entrevista. No fue así. La estaban esperando a la entrada de este medio de comunicación dos agentes de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia que la detuvieron, llevándola primero a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia ubicadas en la calle 14, donde pasó la noche en una celda y al día siguiente fue puesta a disposición del juez penal Óscar Martín Morales Vázquez en Ocotlán, Jalisco, que luego del pago de una fianza que rebasaba los cien mil pesos, la dejó en libertad.
Esta detención, plagada de irregularidades, tiene como telón de fondo la defensa que está haciendo de su territorio la comunidad coca de Mezcala, que tiene su asiento en la ribera del lago de Chapala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Este conflicto se remonta al año de 1999 cuando un empresario local se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal de dicha comunidad presuntamente a través de un prestanombres llamado Crescenciano Santana. Este acto motivo a las autoridades indígenas de Mezcala a demandar la inmediata restitución de las tierras ante el Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede en la capital tapatía. El magistrado Agustín Hernández González, a cargo de este expediente, que antes estuvo siete años en el Tribunal de Atotonil-co, Jalisco, no ha resuelto el juicio. La última información al respecto dice que se encuentra en la etapa de dictar sentencia.
De acuerdo a lo señalado por la comunidad coca de Mezcala y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), las confrontaciones de este empresario con la comunidad no son nuevas. Detallan que ya en otros momentos han existido hechos donde la comunidad indígena ha sido violentada por esta persona y agregan que los daños realizados por el empresario Guillermo Moreno Ibarra no se reducen a la invasión de tierras, también ha desviado el cauce de un río, removido tierra para la construcción de una mansión y ha creado brechas exclusivas para sus vehículos.
El motivo de la detención de Rocío Moreno y la acusación hacia diez comuneros más, tuvo como origen que la comunidad decidió desmantelar un panel solar que Moreno Ibarra había instalado en terrenos comunales, razón por la cual el empresario emprendió una acción legal en contra de estos miembros de la comunidad. De acuerdo a lo expresado por el Cepad, Rocío Moreno no estuvo presente en la asamblea comunal que decidió desmontar dicha estructura.
Este condenable hecho deja entrever varias tendencias que en Jalisco ya se están volviendo sistemáticas. La primera es la apropiación de recursos naturales estratégicos, que son arrebatados a sus pobladores a través de procesos de dudosa legalidad y donde los intereses privados se sobreponen a las necesidades de las comunidades.
Los otros casos que tienen cierta similitud con lo que está pasando en Mezcala es Tenacatita, en la costa del estado y el bosque El Nixticuil en el municipio de Zapopan. Parecería que aquellos que han cuidado y preservado sus recursos naturales a través del tiempo, están en permanente riesgo ante la voracidad de quienes quieren apropiarse de aquello que han mantenido en buen estado hasta hoy y que al ver oportunidades de negocio o disfrute personal de estos recursos, pretenden arrebatárselos con cualquier pretexto.
La segunda tendencia que se deja entrever en el caso de Mezcala, es el uso de la justicia de forma parcial, poco aseada y donde se busca defender los intereses de una parte y contrariar las necesidades de la otra parte. El manejo faccioso de las entidades de justicia sigue siendo un lastre en nuestro país y nuestro estado; y el caso del citado empresario con la comunidad de Mezcala es una muestra de ello. Primero hay una invasión, luego un juicio de dura años y no se resuelve, ante esta dilación se empiezan a dar otros hechos donde una parte sigue afectando a la otra sin que las autoridades hagan absolutamente nada, y cuando las personas contrariadas se movilizan, entonces la justicia sí es expedita y las víctimas terminan siendo presuntos delincuentes. Vaya justicia la que se imparte en Jalisco cuando los afectados terminan siendo los presuntos culpables.
La tercera tendencia que este caso deja entrever es la criminalización de la protesta social. Rocío Moreno ha sido una de las figuras más visibles en la comunidad de Mezcala por su compromiso con las luchas y las demandas del pueblo coca que vive allí. Ha sido, junto con otros comuneros, vocera de su comunidad y ha impulsado la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en el occidente del país. Su aprehensión, a pesar de no haber participado en los hechos que se le imputan, se parecen más a una persecución de su persona, que a la verdadera búsqueda de la justicia, y por lo menos con la información disponible, podemos afirmar que se trata de otro caso de criminalización de la protesta social en Jalisco. En este estado donde la clase política puede hacer muchas cosas que podrían merecer castigo, y sin embargo se mantienen en la impunidad; mientras que para un ciudadano defender su territorio pueden ser motivo de persecución legal.
Hasta el momento en el que se escribe este texto, no se sabía si Moreno tendría que enfrentar un proceso penal por la demanda en su contra o se consideraría que no había elementos suficientes para continuar con el juicio. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo este tipo de justicia?
jerqmex@hotmail.com
lunes, 12 de septiembre de 2011
Milenio Jalisco:
Exigen detener proceso ilegal contra comunera
El Cepad señala inconsistencias y arbitrariedades en la acción penal.El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió al gobernador del estado, Emilio González Márquez, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González; al procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, y a la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Victoria Pacheco Jiménez, entre otras autoridades, cesar “el enjuiciamiento y persecución a integrantes de la comunidad indígena de Mezcala, y la restitución de sus territorios comunales”.
El Cepad “ha recibido por parte de habitantes y autoridades de la comunidad indígena, información y documentación sobre una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por distintas autoridades en contra de la mujer indígena Rocío Moreno y los integrantes de la comunidad, quienes han defendido su territorio invadido desde el año de 1999 por el empresario Guillermo Moreno Ibarra y su prestanombres Crescenciano Santana Sánchez [quien es miembro de la comunidad] con la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales”, señala un comunicado emitido este domingo.
El Cepad también ha documentado que “las agresiones de Guillermo Moreno contra habitantes y líderes de la comunidad son frecuentes […] las autoridades de Bienes Comunales acatando un acuerdo de Asamblea del 22 de marzo del año en curso, decidieron desmontar un panel solar que se estaba construyendo en territorio comunal”.
Esto derivó en una averiguación penal impulsada por el empresario y la detención de la comunera “con una averiguación previa plagada de irregularidades consideradas violaciones a los derechos”.
El Cepad exige: “que los representantes de la Procuraduría de Jalisco, se desistan de la acción dentro del juicio penal número de expediente 318/2011-C, celebrado ante el licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, esto debido a las irregularidades cometidas por la Ministerio Público, Lucero Moreno Murguía, dentro de la averiguación previa 1327/2011 de Ocotlán”.
Dos, “que el Juez Penal, licenciado Oscar Martín Morales Vázquez resuelva dejar en plena libertad a Rocío Moreno y al resto de los comuneros, así como dejar sin efectos las órdenes de aprehensión, debido a que no existen elementos constitutivos de delitos, y por ende, asentar las inconsistencias legales de hecho y de derecho, todas ellas violatorias de los derechos humanos de las personas de la comunidad”.
También exigen que se resuelva de una vez el juicio agrario interpuesto para la restitución de los bienes comunales, y que las autoridades ambientales sancionen los daños ocasionados en el predio. Firma César Octavio Pérez Verónica, responsable de Litigio Estratégico del Cepad.
domingo, 11 de septiembre de 2011
PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A lOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.
LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
Hoy- aquí y ahora-, Nosotros, los integrantes de los diversos pueblos de este nuestro país México, que desde siempre hemos vivido y trabajado en sus entrañas, en sus montes, en sus valles, en sus desiertos, y en sus mares. Nosotros que cuidamos y vivimos en sus árboles, en sus flores, en sus nubes, en su gran variedad de pájaros, de tigres, de venados, de peces y de otros seres vivos. Hoy – aquí y ahora-, Nosotros que vemos como nuestro hermano Río Yaqui está en peligro de ser despojado, una vez más, de su caudal de agua; para beneficio del los poderosos del dinero y en perjuicio de la indomable y valerosa Tribu Yaqui; de esos hermanos y hermanas que desde siempre han luchado contra la adversidad en el desierto. Hoy –aquí y ahora-, Nosotros, los miembros del Congreso Nacional Indígena con sus pueblos, naciones y tribus que luchamos por democracia, libertad, justicia y paz que merece nuestro país y nuestra patria, y considerando:
-Que son necesarias la creatividad y la paciencia para generar todas las formas de lucha que permitan hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Acuerdos de San Andrés;
- Que los malos gobiernos federal y del Estado de Sonora se empeñan en realizar un acueducto que despojaría de gran cantidad de agua a la tribu yaqui, al pretender construir el llamado acueducto Independencia, en contra de toda ley y contra la voluntad de sus habitantes;
- Que en vez de atender los justos reclamos y necesidades de la Tribu Yaqui, hoy los Gobiernos Federal y del Estado de Sonora amenazan e intimidan a nuestras hermanas y hermanos yaquis, y a las personas de la sociedad civil que se organiza pacíficamente, junto con ellos, para demandar la cancelación definitiva de este proyecto de despojo y que pone de manifiesto el desacato de los poderosos del dinero al derecho nacional e internacional y, sobretodo , violentan la vida, la paz y la justicia
-Que en cumplimiento al mandato de nuestros pueblos, naciones tribus y barrios, que en diferentes foros, asambleas y reuniones -regionales, nacionales e internacionales- hemos acordado para evitar el despojo de nuestra madre tierra y del agua que quieren hacer los amantes del neoliberalismo, damos dar a conocer a todos los pueblos y naciones de la tierra el siguiente:
PRONUNCIAMIENTO
Primero.-Hoy –aquí y ahora-, Nadie se rinde ante el despojo del agua y de la tierra de la Tribu Yaqui; Que somos muchos más los que estamos en el campamento de Vícam, Sonora, que no ve el Gobierno de Sonora ni el Gobierno Federal;
Segundo.- Saludamos a los miembros de la valerosa tribu yaqui, nuestros queridos y respetados hermanos, y damos nuestras manos y nuestro corazón solidario, para hacer extensiva su lucha por el agua del Río Yaqui, hasta nuestros territorios y nuestras tierras, para que cada Pueblo, Nación, Tribu o Barrio desarrolle las acciones pacíficas que considere necesarias y pertinentes para que los oídos sordos de los gobiernos se abran y escuchen que no pueden pasar por encima de la autonomía y autodeterminación de los pueblos, sin que tenga consecuencias para la Paz y la Justicia;
Tercero.- Llamamos a la Comunidad Nacional e internacional a que se una a esta lucha civil y pacífica para evitar que haya represión en contra de nuestros hermanas y hermanos yaquis, y de aquellos que se solidaricen con su causa, pues sabemos que el gran capital no tiene más frontera que la de la ambición del oro, del dólar, del Euro y de todo aquello que representa la explotación del hombre y la mujer;
Cuarto.- Exigimos a los gobiernos Federal y del Estado de Sonora para que procedan a la cancelación definitiva del Acueducto Independencia, que sólo traería más pobreza, marginación y conflictos al territorio de nuestros hermanos yaquis; y mayores conflictos en todo el territorio nacional
Quinto.- Exigimos que no haya represión, ni cárcel a quienes de manera digna defienden su tierra, su agua y su territorio, pues sólo pondría de manifiesto que las formas legales y pacíficas se agotan, y ello traería inevitablemente una escalada de violencia, en donde los únicos responsables y culpables son los gobiernos por atentar contra la Paz, la Justicia y la Libertad.
Sexto.- Ante la represión y el hostigamiento de los malos gobiernos federal y estatal de nuestro país México, en contra de la comunidades que luchan por su Autonomía y su Autodeterminación; como són: las comunidades Zapatistas, la comunidad Nahua de Ostula, los hermanos Wixaricas, los hermanos Purhépechas de Cherán, la Tribu Yaqui, los hermanos Amusgos de Xochistlahuaca y los hermanos Coca de Mezcala. En esta última comunidad, fue detenida- con engaños por un grupo de policias al servicio de los poderosos-, la hermana Rocío Moreno, el día 6 de septiembre.
El C.N.I. exige el respeto a la vida, al agua, a la tierra, al territorio, a la cultura, a los sitios sagrados y a la autonomía de los pueblos que luchan de manera pacífica, y convocan a los miembros de la comunidad nacional e internacional, a que se solidaricen con la lucha de los pueblos, naciones, tribus y barrios de México.
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Dado en la República Mexicana el día 11 de Septiembre del año 2011.
sábado, 10 de septiembre de 2011
El Informador:
- Exigen anulación de cargos
Rocío Moreno fue detenida mediante engaños el martes 6 de septiembre y puesta en libertad después de pagar una fianza
Detienen a comunera de MezcalaGUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2011).- En el marco del Primer Encuentro entre Antropólogos Brasileños y Mexicanos realizado en la Ciudad de México y organizado por la Universidad de Brasilia y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), los especialistas de ambas naciones manifestaron su inconformidad por la detención “arbitraria” de la comunera de Mezcala, Rocío Moreno, el pasado miércoles y las órdenes de aprehensión contra 13 comuneros más, hecho que calificaron como una “ manipulación de la justicia y las leyes” en aras de privilegiar intereses empresariales.
Vía comunicado de prensa, imprimieron su descontento por el procedimiento recurrente de las autoridades de todos niveles de México, quienes, según declaran, tratan de doblegar las luchas que llevan a cabo las comunidades contra los proyectos que atentan contra sus territorios legalmente reconocidos que son base de su sustento, identidad y formas de vida.
Con base en sus investigaciones, respaldaron que el presente caso no es un hecho aislado, sino que es una constante en los procedimientos de impartición de justicia del país.
Por lo anterior, exigieron la anulación de todas las órdenes de aprehensión vigentes contra la también estudiante de maestría de la Universidad de Guadalajara y los demás comuneros; que se resuelva el juicio agrario pendiente desde hace 10 años de acuerdo a la Legislación, y se respeten los derechos territoriales reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, llamaron a avanzar en el juicio por invasión de tierras comunitarias por parte del empresario Guillermo Moreno Ibarra, y la denuncia por las amenazas con armas de fuego hechas por sus trabajadores contra los comuneros a los que ahora se quiere detener.
La detención
Rocío Moreno fue detenida mediante engaños el martes 6 de septiembre en la puerta de un diario local. A este lugar acudió después de recibir una llamada de alguien que se hizo pasar como miembro de la redacción de dicho medio.
En el momento en que llegó, fue detenida por agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Fue liberada bajo fianza al día siguiente luego de que familiares y amigos hicieran un pago de 138 mil pesos.
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