La Jornada Jalisco:

Miembros del Comité Salvabosque denuncian las inconsistencias del proyecto

Declaratoria de protección al bosque del Nixticuil busca favorecer a particulares

La familia Leaño podría utilizar 400 de las hectáreas que deberían quedar restringidas a la urbanización

JUAN CARLOS G. PARTIDA

Miembros del Comité Salvabosque Tigre II denunciaron que la supuesta declaratoria de área natural protegida del bosque del Nixticuil, ubicado en el municipio de Zapopan, la cual está en proceso de revisión en el Congreso del Estado, tiene varias inconsistencias que permitirían que grupos empresariales, entre ellos el de la familia Leaño –dueña de la Universidad Autónoma de Guadalajara–, pudieran utilizar al menos 400 de las mil 800 hectáreas que deberían quedar restringidas a la urbanización de acuerdo al decreto en estudio.

A casi dos años de integrado, este Comité Salvabosque formado por vecinos de la colonia El Tigre II (aledaña al bosque) que se unieron luego que el Ayuntamiento de Zapopan comenzó a derribar árboles en el único bosque nativo de la Zona Metropolitana, emitió un balance de lo sucedido durante ese periodo “de resistencia” en el cual, afirmaron, “vemos muchas inconsistencias y nuevas preocupaciones al manejo y protección de esa área natural”.

“El 18 de mayo de 2005 comenzó la tala de más de 300 robles, todo lo realizaron máquinas del Ayuntamiento de Zapopan, que en ese entonces lo encabezaba Arturo Zamora, quien se vio obligado a responder ante la organización que se tuvo en nuestra colonia. Su respuesta fue la construcción de los pies de casa para los afectados de las grietas de Nextipac. Lo que de fondo había era el Programa Municipal de Comunidad Digna, de hecho ya se invitaba a la gente para adquirir su solicitud de dichas viviendas; muchos de nuestros vecinos empezaron a dejarse cooptar por este tipo de ofrecimientos, pero poco a poco se mostraron las verdaderas intenciones que se tenían sobre el bosque”, inicia el informe.

Sin embargo los afectados de Nextipac muy pronto desmintieron su deseo de reubicación al Tigre II o a cualquier otro sitio, pues no querían cambiar sus tierras, casas y parcelas por un pie de casa de 30 metros cuadrados, lo que motivó a que comenzara la defensa del bosque con la protesta por la tala de los 300 árboles.

“En nuestra colonia se comenzó a correr la voz, las mujeres y las amas de casa fueron las que empezaron a organizarse, y después involucraron a sus esposos, a sus hijos y a otros vecinos y entre todos fueron a parar las máquinas. El mes de junio del 2005 se realizó una marcha para informar a la sociedad lo que estaba pasando en el bosque del Nixticuil y exigir a las autoridades informaran a la sociedad sobre el daño que estaban haciendo no sólo a nuestra colonia sino a la ciudad”, continúa.

Fue cuando el Ayuntamiento justificó la tala y dijo que se había hecho para construir un asilo para monjes coreanos, proyecto “promovido por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez y Arturo Zamora”. Luego, representantes municipales acudieron a las reuniones vecinales para dividir a los colonos al prometer servicios públicos de los cuales carece el Tigre II. Entre ellos, la regidora Marisela Gómez Cobos aceptaba públicamente que se estaba condicionando la introducción de servicios básicos en la colonia a cambio de la construcción de pies de casa para Nextipac, para el asilo, con hospital e iglesia, en el corazón del bosque, en la parte más alta y con mayor masa forestal.

“También pretendían concretar el Programa Municipal Comunidad Digna, que son proyectos para habitación de alta densidad y además un proyecto de la Universidad Autónoma de Guadalajara en 28.6 hectáreas del bosque, para un supuesto parque universitario de investigación tecnológica”, añade el informe.

También se recuerda que en septiembre del año pasado el cardenal Sandoval Iñiguez bendijo el lugar donde estaría el convento, se repartían solicitudes para casas y el proyecto de la familia Leaño era un hecho plasmado hasta en formato DVD.

“En nuestra colonia, las reu-niones estaban invadidas por elementos de seguridad del gobierno, policías algunas veces uniformados y otras de civiles, de tal manera nos empezaron a tratar como delincuentes con el pretexto de que paramos las máquinas que estaban destruyendo el bosque. Ante esto presentamos denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), videos, fotos, pero desafortunadamente para la CEDH no fue suficiente mostrar la agresión que sufrimos. Luego acudimos a Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para exigir el estudio de impacto ambiental, que debió haber realizado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( PROFEPA) pero que se negó a investigar los hechos”.

En octubre del 2005 se realiza una manifestación y junto con la gente de Nextipac se exigió no talar un árbol más, la declaratoria del bosque como área natural protegida, servicios para la colonia sin admitir condicionantes y la no reubicación de los afectados de Nextipac, además de la entrega de los recursos del Fideicomiso para Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN) a la gente de Nextipac.

“Con esta marcha, el Ayuntamiento empieza a declarar que va comenzar a promover se declare al bosque como parque natural, y es entonces cuando inicia la negociación unilateral, al margen de los colonos, entre el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), dirigido por Raquel Gutiérrez, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) y el Ayuntamiento de Zapopan. Y sólo después de casi 18 meses llegan a la conclusión de lo que siempre planteamos, que el Nixticuil es un bosque nativo que debe ser protegido”.

El informe también destaca que la supuesta reforestación que luego haría el Ayuntamiento tras reconocer su error en la tala de 300 robles, fue plantar “80 pinitos” que hasta la fecha no exceden los mil, a pesar que el compromiso fue de 30 mil. En cambio los colonos, con las bellotas de los propios robles, han plantado al menos 4 mil árboles de la misma especie.

“En todo este trayecto de mayo del 2005 a diciembre del 2006 hemos tenido que proteger el bosque y constantemente hemos sacado a topógrafos, que siguen haciendo trabajo técnico, así como haciendo la denuncia de las invasiones de las constructoras y a cambio hemos observado como el conjunto de las instituciones a la cuales pagamos todos los contribuyentes no han podido hacer el trabajo de cuidar el bosque”.

De su lado, el Comité Salvabosque ha organizado actividades diversas para recaudar recursos e informar a la ciudadanía de lo que sucede, para abonar los árboles y curarlos de las plagas que los atacan.

“Nosotros con nuestros recursos y tiempos comenzamos a curar con abonos orgánicos a los árboles, mientras el ayuntamiento llego con plaguicidas a inyectar a los robles, con sustancias que están prohibidas en por lo menos en siete países, pero claro, en México no. Como siempre lo hemos dicho, nosotros somos gente común, que trabaja, estudia, o ambas cosas, pero no nos olvidamos que somos una colonia vecina de un bosque y esto nos da muchas ventajas, pero más responsabilidades, estamos aprendiendo y tratando de hacerlos entender al gobierno que no podemos actuar igual que como otra colonia”.

La declaratoria que está en proceso de aprobación en el Congreso, a juicio de los vecinos, comete errores como no incluir las hectáreas de la UAG en la declaratoria, ya ahí son más de 51 hectáreas, cantidad que ha ido aumentando gradualmente, hasta hacerse publico que han sido desaparecidas del mapa de protección 460 hectáreas. (La Jornada Jalisco, 26/12/2006); también en los fraccionamiento CIMA y San Lorenzo no se está respetando el área de amortiguamiento con un tipo de construcción de alta densidad.

“CIMA, antes de la declaratoria se proponía construir casas tipo Infonavit, pero como éstas están en categoría de alta densidad son incompatibles con el bosque, por lo que ahora se vio obligado a vender en lotes y no casas. El único detalle es que los lotes son de la misma dimensión que las casas, 7 por 17 metros, es también alta densidad, o sea, que declarada o no declarada, se va afectar al bosque, más de lo que ya está”.

Se criticaron también las declaraciones de la regidora del Partido Verde Ecologista, María del Carmen Acosta, al informar a los particulares que la declaratoria les va permitir la construcción del 30 por ciento de sus terrenos, lo que disminuiría aún más las mil 861 hectáreas que los vecinos del Tigre II exigen sean respetadas.