Se plantan personas e impiden el ingreso al propietario de zona de Agua Blanca
Rebeca Herrejón / Mural / 24 septiembre 2009
José Cruz Orozco Llamas, propietario de un terreno conocido como Agua Blanca, en el poblado de Río Blanco, en Zapopan, fue víctima de una invasión presuntamente orquestada por los desarrolladores del proyecto Mirasierra Zapopan.
El terreno, de 44 hectáreas, está ubicado en uno de los siete polígonos propuestos para cambio de uso de suelo en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del desarrollo inmobiliario, que invadiría espacios del Bosque El Nixticuil.
El martes 15, una decena de personas quienes mantienen invadido un terreno de 900 metros a un costado de la casa de Orozco Llamas desde hace cuatro años, colocaron postes y alambre de púas frente a su casa, sin permitir acceso a él o a su familia.
Los invasores permanecieron en el sitio liderados por Ángel Ochoa, a quien los afectados relacionan con la desarrolladora Río Hondo Residencial, SRL de CV, hasta que llegaron policías de Zapopan y los habitantes del poblado ayudaron a los dueños del terreno a ingresar de nuevo.
Los afectados levantaron una denuncia penal por tentativa de despojo contra quien resulte responsable.
Este espacio es el único que no se ha vendido en esta zona del poblado.
El terreno está en litigio desde el 2004, pues los pobladores de la Comunidad Indígena de San Esteban exigieron una parte del predio como suyo.
Una primera resolución había sentenciado que, de las 44 hectáreas, sólo cinco pertenecían a Orozco Llamas; sin embargo, el 6 de agosto pasado, en una comparecencia, los abogados de la desarrolladora aparecieron como terceros interesados en el juicio.
En el MIA de Mirasierra, el terreno integra uno de los siete polígonos propuestos para cambio de uso de suelo.
Según Mónica Reyes, directora general de Mejoramiento Ambiental de la Semades, en terrenos en litigio no pueden autorizarse cambios de esta naturaleza.
El proyecto Mirasierra abarca 691 hectáreas de terreno, es impulsado por el Fideicomiso Mirasierra BBVA Bancomer y prevé el desarrollo de 22 mil 61 viviendas, para 99 mil 274 habitantes fijos.
Mónica Reyes explicó que el cambio de uso de suelo en la zona del Bosque El Nixticuil violenta el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado y el Decreto Municipal de Área Natural Protegida (ANP), pues las modificaciones para 72 hectáreas, de las 631 que conforman el proyecto, se ubican en zonas agrícolas de alta productividad y de protección del ANP.
El MIA de los desarrolladores no plantea cómo abastecer de agua a los virtuales habitantes, pues la zona está agotando sus recursos hídricos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe decidir, a más tardar el 10 de octubre, sobre las modificaciones a los usos de suelo del espacio.
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