9 de febrero de 2013 Comentarios desactivados
Edicion Jalisco, Jalisco
Avalados por el ayuntamiento de Zapopan desde la década pasada, los
desarrolladores inmobiliarios, entre ellos la firma GIG, han arremetido
contra el área natural protegida del bosque El Nixticuil para construir
conjuntos residenciales carentes de infraestructura con el fin de
dotarlos de agua potable. Para enmendar esa falla, los constructores
están extrayendo el líquido de los viejos pozos, lo cual no sólo agotará
las reservas, sino que provocará hundimientos.
El
más grande desarrollo inmobiliario de la zona metropolitana de
Guadalajara –Sendas Residencial– se construye en los linderos del área
natural protegida del bosque El Nixticuil donde, a falta de una fuente
para el abastecimiento de agua, los urbanizadores intentan aprovechar el
líquido de los pozos profundos que utilizaban los ejidatarios para
regar sus cultivos.
De hacerlo, aumentará el riesgo de que esos
pozos sea agoten pronto porque, advierten regidores zapopanos y
autoridades del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SIAPA), no fueron diseñados para el consumo doméstico.
El
problema no es nuevo. Desde el 25 de noviembre de 2009, el SIAPA emitió
el oficio 1621/2009 en el que expone que no es factible la introducción
de redes de abastecimiento en ese lugar.
No obstante, los
promotores continúan con las obras, aun cuando las autoridades les
advirtieron sobre el desastre ecológico que provocarán en el bosque,
además de la contaminación del Río Blanco que atraviesa el lugar, y la
desecación de cañadas y riachuelos que antaño alimentaron los mantos
acuíferos de Tesistán.
Pero ellos insisten en que el ayuntamiento
zapopano les autorice la operación de su propio organismo al que
denominan Suministradora de Agua Potable de Occidente SA de CV. De hecho
la empresa funciona ya en Valle Imperial, un lujoso fraccionamiento de
la constructora GIG que cuenta con un campo de golf y lagos artificiales
y pertenece al magnate Raymundo Gómez Flores, quien milita en el PRI y
fue senador en la LIX Legislatura.
En el trienio pasado, cuando
Héctor Vielma Ordóñez estuvo al frente del ayuntamiento zapopano y
formaba parte de la Comisión de Gobernación, apoyó la solicitud de los
promotores inmobiliarios, aunque ésta no llegó al pleno del cabildo para
que la ratificaran los regidores.
El dictamen 97/2012, cuya copia
obtuvo Proceso Jalisco, aprueba el otorgamiento de una concesión a los
dueños de la empresa Agua Potable de Occidente, SA de CV por 99 años
para que suministren agua al desarrollo inmobiliario, que comenzó con
Altavista Residencial, un conjunto de 804 viviendas.
El expediente
se encuentra atorado en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
que preside el regidor Hugo Rodríguez, del Movimiento Ciudadano, quien
alega ilegalidad, toda vez que, dice, la empresa pretende utilizar la
misma concesión que le otorgó el ayuntamiento para abastecer a Valle
Imperial, en lugar de someterse a un nuevo proceso de adjudicación.
Su
colega panista José Antonio de la Torre Bravo tampoco está conforme con
que el ayuntamiento concesione el abasto de agua a un particular pues,
insiste, “el agua es un derecho de todos, y es un derecho constitucional
que nosotros tenemos como mexicanos”.
Y aun cuando no han
recibido el aval del municipio para que opere su administradora de agua,
los desarrolladores comenzaron ya la segunda etapa para construir mil
551 viviendas más en Sendas Residencial.
El promotor del proyecto,
Joseph Rodrick Medina, dice que no puede acusarse a los urbanizadores
de provocar el agotamiento del agua. “Es un tema a nivel mundial, tan
sólo en la zona conurbada de Guadalajara es un problema donde la misma
autoridad hace tandeos, pues hay días en los que no llega el agua. Pero
ese no es un problema del desarrollo –dice–, sino local, nacional e
incluso mundial”.
De acuerdo con el dictamen, Sendas Residencial
se abastecerá de agua proveniente de pozos profundos autorizados por la
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Uno de ellos, con un volumen de
192 mil metros cúbicos, se ubica en el predio El Martel, en la localidad
de Tesistán; otro está en el predio denominado la Laguna de Poniente,
en la cabecera municipal de Tonalá y su capacidad es de 390 mil metros
cúbicos anuales.
Dos más se encuentran en la localidad de Venta
del Astillero: El Volantín y Los Charcos, con volúmenes de 360 mil
metros cúbicos anuales y 210 mil metros cúbicos, respectivamente. Además
se encuentra en trámite la autorización de la transmisión de títulos y
registro de otros cuatro pozos.
Los urbanizadores aseguran que
obtendrán un millón 151 mil 555 metros cúbicos con los primeros cuatro;
aunque para esta etapa sólo necesitarán 384 mil 616 metros cúbicos
anuales.
Y aun cuando Conagua no ha otorgado nuevas concesiones
para la perforación de pozos, Rodrick Medina alega que los
desarrolladores obtuvieron títulos que estaban vigentes. Los integrantes
del Comité Salvabosques El Tigre II rebaten al promotor y sostienen que
en 2008 hubo perforaciones en el área de La Robleda, aledaña al bosque
El Nixticuil (Proceso Jalisco 181 y 182).
Dicen que la Conagua les
dio facilidades a los urbanizadores. El 21 de junio de 2007 incluso la
dependencia le retiró a los habitantes del ejido Los Belenes la
concesión de un pozo con número 08JAL128626/12AMGR06 para entregarla a
Sendas Residencial, a fin de que los desarrolladores pudieran extraer 1
millón 627 mil 694 metros cúbicos de agua al año.
Los inconvenientes
Al titular del SIAPA, José Luis
Hernández Amaya, le preocupa que los ayuntamientos metropolitanos
aprueben bando la operación y abasto de agua a particulares, sin pedir
asesoría técnica al organismo.
“Desafortunadamente a veces no se
tiene la visión de la problemática de la zona ni del municipio, pues
(las autoridades) no les piden tanta infraestructura a los
desarrolladores, de ahí que éstos busquen siempre las partes donde las
obras les salgan más económicas; claro, a costa de la infraestructura”,
afirma el funcionario.
E insiste: de seguir esas autorizaciones
por parte de los ayuntamientos es factible que, ante la falta de un
sistema de abastecimiento de agua potable agoten su fuente de
suministro, como ocurrió en La Loma, en Tonalá, donde los residentes la
obtenían de un pozo profundo que simplemente se agotó.
El SIAPA
terminó por hacerse cargo del desarrollo. Lo mismo sucedió en Los Silos,
municipio de Tlajomulco, donde la constructora Arcor dejó sin agua a
los habitantes porque no la encontró en un pozo que perforó (Proceso
Jalisco 426).
Para Hernández Amaya, la excavación de pozos no
resuelve el abastecimiento del agua en los nuevos fraccionamientos.
Advierte incluso que se corre el riesgo de extraer arsénico, hierro,
manganeso y otros minerales que alteran la calidad del vital líquido.
Hoy,
asegura, en la zona de Tesistán existen alrededor de 60 pozos profundos
que alimentan el acuífero del mismo nombre y llevan años abasteciendo a
la colonia Providencia. “Hay abatimientos de hasta de cuatro metros
cúbicos por año. Aquí se perforaban a 250 metros de profundidad; ahora
lo hacemos a 300 o 350 metros”, advierte.
Manuel Benito
Villagómez, regidor por el PRD en Zapopan durante la administración del
panista Juan Sánchez Aldana, refiere que desde la época del presidente
José López Portillo se decretó una veda para la perforación de pozos
profundos, pero que en la práctica no se respeta.
Comenta que en
2007 hizo un censo de pozos profundos y encontró 278, algunos de ellos
administrados por el SIAPA y otros controlados por el ayuntamiento y
asociaciones vecinales.
Villagómez se enteró también de que a
nombre de José Manuel Gómez Vázquez Aldana –uno de los socios del
desarrollo inmobiliario Sendas Residencial– un fideicomiso obtuvo ese
mismo año la autorización para perforar 17 pozos en los linderos del
área natural protegida del bosque El Nixticuil.
Cuenta fue a la
zona y la recorrió para corroborar el dato. Tras interrogar a uno de
los trabajadores no sólo descubrió que el permiso estaba vencido,
también observó que las perforaciones excedían el doble de lo
autorizado.
La excavación de pozos contó con la complicidad del
entonces titular de la Conagua en Jalisco, Raúl Antonio Iglesias
Benítez, a quien la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un
periodo de 10 años, cuenta Villagómez. Según él, Iglesias Benítez y
Enrique Dau Flores, extitular de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento (CEAS), crearon una empresa de “coyotaje” para facilitar los
títulos de concesión de agua.
El también presidente de la
Fundación Cuenca Lerma Chapala–Santiago, subraya que en el valle de
Tesistán la tierra se hunde porque cada año se extraen 120 millones de
metros cúbicos, una cantidad equivalente a la que está almacenada en las
presas de Calderón y El Salto.
“Es una corrupción tan grande la
que hay con los constructores y no se salva uno, porque no cumplen con
la norma. No puedes seguirle sacando agua a un pozo que no le estás
inyectando nada. Por eso los pozos ya están a 320 metros de profundidad
en promedio”, agrega.
Para el investigador de la Universidad de
Guadalajara Arturo Gleason, es la explotación de los mantos acuíferos es
irresponsable, sobre todo por la falta de un diagnóstico que permita
saber el estado en que se encuentran las fuentes subterráneas y sin un
plan para abatir la contaminación y devolver el agua limpia.
“Llama
la atención que disponga de agua sin saber por cuánto tiempo, sobre
todo si están comprometiendo la disponibilidad de otras zonas que se
puedan abastecer”, dice el académico, quien actualmente se encuentra en
Alemania, donde impartirá conferencias en la Universidad Tecnológica de
Berlín y en el College London.
De Mirasierra a Sendas Residencial
El
nombre original de Sendas Residencial es Mirasierra, un ambicioso
proyecto que comenzó a gestarse desde la administración del priista
Arturo Zamora Jiménez en Zapopan (2004-2006), y que tomó forma en el
gobierno de Héctor Vielma.
El corporativo pretende construir más
de 22 mil viviendas en 516.65 hectáreas que se encuentran en el corazón
del valle de Tesistán y se estima que al momento de su consolidación
albergarán a 10 mil personas, equivalente a la población de Ciudad
Guzmán.
En su edición del 19 de enero último, el diario La Jornada
Jalisco informó que los desarrolladores le cambiaron el nombre al
desarrollo residencial porque el de Mirasierra desembocó en un conflicto
con los defensores del Nixticuil durante la administración de Vielma
Ordóñez.
En ese periodo el ayuntamiento entregó ocho permisos a
los urbanizadores, el último de los cuales es el del 24 de agosto de
2012, un mes antes de que concluyera la gestión de Vielma, político y
empresario priista propietario del canal 8 de televisión de paga.
Acostumbrado
a hacer negocios encubiertos, siempre negado a la rendición de cuentas y
proclive al doble discurso, Vielma perjuró que en su administración no
habría permisos para Sendas Residencial.
No obstante se mostró magnánimo
con los desarrollares, en particular con su amigo Raymundo Gómez
Flores, a quien le construyó un túnel vehicular sobre la avenida
Tesistán con dinero del erario zapopano para que los automovilistas
ingresaran sin contratiempos a su exclusivo fraccionamiento Valle
Imperial. La obra costó 28 millones de pesos.
Las licencias de
urbanización salieron a nombre del fideicomiso creado por las empresas
constructora GIG, GVA, Tierra y Armonía y el Banco BBVA Bancomer. En
septiembre de 2012, Vielma autorizó la publicación de los planes
parciales de desarrollo urbano para esa zona.
De acuerdo con los
documentos, los urbanizadores debieron crear un área de amortiguamiento
de al menos 30 metros de distancia entre el inicio del bosque y los
fraccionamientos. Sin embargo, como las licencias salieron antes, los
empresarios no están obligados a cumplir la disposición. El reportero
constató en un recorrido que sólo un muro separa a las viviendas del
área natural protegida del bosque El Nixticuil.
Según Adrián
Hernández y Sofía Herrera, integrantes del Comité Salvabosques El Tigre
II, Gómez Flores negoció el arribo de Vielma a la alcaldía para que
desde el ayuntamiento expidiera los permisos que necesitaban él y los
desarrolladores urbanos.
Y aunque el sucesor de Vielma en la
alcaldía, Héctor Robles Peiro, sostiene que no se tocará el área natural
protegida de El Nixticuil, lo cierto es que los urbanizadores poseen
154 hectáreas de esta zona y tienen previsto utilizar 11 de ellas para
“cumplir con la normatividad” que les exige entregar áreas de cesión al
municipio.
El coordinador de los regidores del Movimiento
Ciudadano en Zapopan, Augusto Valencia López, señala que la postura del
primer edil es muy tibia y poco clara. Refiere que es muy probable que
los fraccionadores toquen el área natural protegida, pues necesitarán
vialidades para desahogar el tráfico vehicular que actualmente tiene dos
salidas: las avenidas Guadalajara y Ángel Leaño.
De cualquier
forma, señala, es previsible que el aforo vehicular provoque
congestionamientos sobre avenida Tesistán y la antigua carretera a
Colotlán.
Para el promotor inmobiliario Rodrick Medina, eso no es
problema. El complejo inmobiliario, dice, está diseñado para aprovechar
el túnel vehicular que le construyeron a Valle Imperial y se conectará a
las avenidas Valdepeñas y Río Blanco. Sin embargo, no descarta que
pudiera atravesarse el área natural protegida del Nixticuil porque,
dice, los planes parciales lo autorizan.
“La vialidad no atraviesa el área natural protegida”, precisa
Medina;
admite también que tomarán 12 hectáreas de esa franja natural para
donarlas al ayuntamiento porque el Código Urbano de Jalisco se los
permite.
Los integrantes del Comité Salvabosque El Tigre II
señalan que al menos desde hace cuatro años comenzó la invasión del
Nixticuil con los fraccionamientos La Cima y Cañada San Lorenzo, que
construyeron los integrantes de la familia que encabeza Abelardo García
Arce, quienes poseen, entre otras empresas, la inmobiliaria Coben y el
grupo refresquero Aga.
Asimismo, recuerdan que desde el 9 de
noviembre de 2012 interpusieron en Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) una denuncia por la tala de árboles pero hasta la
fecha no han sido notificados de alguna diligencia, inspección o
cualquier acción que se haya realizado para constatar, detener y
sancionar estos hechos.
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