lunes, 11 de febrero de 2013

Proceso/APRO "Depredadores urbanos": la complicidad del gobierno de Zapopan y los inmobiliarios contra bosque El Nixticuil


9 de febrero de 2013 · Comentarios desactivados
Edicion Jalisco, Jalisco

Avalados por el ayuntamiento de Zapopan desde la década pasada, los desarrolladores inmobiliarios, entre ellos la firma GIG, han arremetido contra el área natural protegida del bosque El Nixticuil para construir conjuntos residenciales carentes de infraestructura con el fin de dotarlos de agua potable. Para enmendar esa falla, los constructores están extrayendo el líquido de los viejos pozos, lo cual no sólo agotará las reservas, sino que provocará hundimientos.

El más grande desarrollo inmobiliario de la zona metropolitana de Guadalajara –Sendas Residencial– se construye en los linderos del área natural protegida del bosque El Nixticuil donde, a falta de una fuente para el abastecimiento de agua, los urbanizadores intentan aprovechar el líquido de los pozos profundos que utilizaban los ejidatarios para regar sus cultivos.

De hacerlo, aumentará el riesgo de que esos pozos sea agoten pronto porque, advierten regidores zapopanos y autoridades del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), no fueron diseñados para el consumo doméstico.

El problema no es nuevo. Desde el 25 de noviembre de 2009, el SIAPA emitió el oficio 1621/2009 en el que expone que no es factible la introducción de redes de abastecimiento en ese lugar.

No obstante, los promotores continúan con las obras, aun cuando las autoridades les advirtieron sobre el desastre ecológico que provocarán en el bosque, además de la contaminación del Río Blanco que atraviesa el lugar, y la desecación de cañadas y riachuelos que antaño alimentaron los mantos acuíferos de Tesistán.

Pero ellos insisten en que el ayuntamiento zapopano les autorice la operación de su propio organismo al que denominan Suministradora de Agua Potable de Occidente SA de CV. De hecho la empresa funciona ya en Valle Imperial, un lujoso fraccionamiento de la constructora GIG que cuenta con un campo de golf y lagos artificiales y pertenece al magnate Raymundo Gómez Flores, quien milita en el PRI y fue senador en la LIX Legislatura.

En el trienio pasado, cuando Héctor Vielma Ordóñez estuvo al frente del ayuntamiento zapopano y formaba parte de la Comisión de Gobernación, apoyó la solicitud de los promotores inmobiliarios, aunque ésta no llegó al pleno del cabildo para que la ratificaran los regidores.

El dictamen 97/2012, cuya copia obtuvo Proceso Jalisco, aprueba el otorgamiento de una concesión a los dueños de la empresa Agua Potable de Occidente, SA de CV por 99 años para que suministren agua al desarrollo inmobiliario, que comenzó con Altavista Residencial, un conjunto de 804 viviendas.

El expediente se encuentra atorado en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que preside el regidor Hugo Rodríguez, del Movimiento Ciudadano, quien alega ilegalidad, toda vez que, dice, la empresa pretende utilizar la misma concesión que le otorgó el ayuntamiento para abastecer a Valle Imperial, en lugar de someterse a un nuevo proceso de adjudicación.

Su colega panista José Antonio de la Torre Bravo tampoco está conforme con que el ayuntamiento concesione el abasto de agua a un particular pues, insiste, “el agua es un derecho de todos, y es un derecho constitucional que nosotros tenemos como mexicanos”.

Y aun cuando no han recibido el aval del municipio para que opere su administradora de agua, los desarrolladores comenzaron ya la segunda etapa para construir mil 551 viviendas más en Sendas Residencial.
 
El promotor del proyecto, Joseph Rodrick Medina, dice que no puede acusarse a los urbanizadores de provocar el agotamiento del agua. “Es un tema a nivel mundial, tan sólo en la zona conurbada de Guadalajara es un problema donde la misma autoridad hace tandeos, pues hay días en los que no llega el agua. Pero ese no es un problema del desarrollo –dice–, sino local, nacional e incluso mundial”.

De acuerdo con el dictamen, Sendas Residencial se abastecerá de agua proveniente de pozos profundos autorizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Uno de ellos, con un volumen de 192 mil metros cúbicos, se ubica en el predio El Martel, en la localidad de Tesistán; otro está en el predio denominado la Laguna de Poniente, en la cabecera municipal de Tonalá y su capacidad es de 390 mil metros cúbicos anuales.

Dos más se encuentran en la localidad de Venta del Astillero: El Volantín y Los Charcos, con volúmenes de 360 mil metros cúbicos anuales y 210 mil metros cúbicos, respectivamente. Además se encuentra en trámite la autorización de la transmisión de títulos y registro de otros cuatro pozos.

Los urbanizadores aseguran que obtendrán un millón 151 mil 555 metros cúbicos con los primeros cuatro; aunque para esta etapa sólo necesitarán 384 mil 616 metros cúbicos anuales.

Y aun cuando Conagua no ha otorgado nuevas concesiones para la perforación de pozos, Rodrick Medina alega que los desarrolladores obtuvieron títulos que estaban vigentes. Los integrantes del Comité Salvabosques El Tigre II rebaten al promotor y sostienen que en 2008 hubo perforaciones en el área de La Robleda, aledaña al bosque El Nixticuil (Proceso Jalisco 181 y 182).

Dicen que la Conagua les dio facilidades a los urbanizadores. El 21 de junio de 2007 incluso la dependencia le retiró a los habitantes del ejido Los Belenes la concesión de un pozo con número 08JAL128626/12AMGR06 para entregarla a Sendas Residencial, a fin de que los desarrolladores pudieran extraer 1 millón 627 mil 694 metros cúbicos de agua al año.

Los inconvenientes

Al titular del SIAPA, José Luis Hernández Amaya, le preocupa que los ayuntamientos metropolitanos aprueben bando la operación y abasto de agua a particulares, sin pedir asesoría técnica al organismo.

“Desafortunadamente a veces no se tiene la visión de la problemática de la zona ni del municipio, pues (las autoridades) no les piden tanta infraestructura a los desarrolladores, de ahí que éstos busquen siempre las partes donde las obras les salgan más económicas; claro, a costa de la infraestructura”, afirma el funcionario.

E insiste: de seguir esas autorizaciones por parte de los ayuntamientos es factible que, ante la falta de un sistema de abastecimiento de agua potable agoten su fuente de suministro, como ocurrió en La Loma, en Tonalá, donde los residentes la obtenían de un pozo profundo que simplemente se agotó.

El SIAPA terminó por hacerse cargo del desarrollo. Lo mismo sucedió en Los Silos, municipio de Tlajomulco, donde la constructora Arcor dejó sin agua a los habitantes porque no la encontró en un pozo que perforó (Proceso Jalisco 426).

Para Hernández Amaya, la excavación de pozos no resuelve el abastecimiento del agua en los nuevos fraccionamientos. Advierte incluso que se corre el riesgo de extraer arsénico, hierro, manganeso y otros minerales que alteran la calidad del vital líquido.

Hoy, asegura, en la zona de Tesistán existen alrededor de 60 pozos profundos que alimentan el acuífero del mismo nombre y llevan años abasteciendo a la colonia Providencia. “Hay abatimientos de hasta de cuatro metros cúbicos por año. Aquí se perforaban a 250 metros de profundidad; ahora lo hacemos a 300 o 350 metros”, advierte.

Manuel Benito Villagómez, regidor por el PRD en Zapopan durante la administración del panista Juan Sánchez Aldana, refiere que desde la época del presidente José López Portillo se decretó una veda para la perforación de pozos profundos, pero que en la práctica no se respeta.

Comenta que en 2007 hizo un censo de pozos profundos y encontró 278, algunos de ellos administrados por el SIAPA y otros controlados por el ayuntamiento y asociaciones vecinales.

Villagómez se enteró también de que a nombre de José Manuel Gómez Vázquez Aldana –uno de los socios del desarrollo inmobiliario Sendas Residencial– un fideicomiso obtuvo ese mismo año la autorización para perforar 17 pozos en los linderos del área natural protegida del bosque El Nixticuil.

Cuenta fue a la zona y la recorrió para corroborar el dato. Tras  interrogar a uno de los trabajadores no sólo descubrió que el permiso estaba vencido, también observó que las perforaciones excedían el doble de lo autorizado.

La excavación de pozos contó con la complicidad del entonces titular de la Conagua en Jalisco, Raúl Antonio Iglesias Benítez, a quien la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un periodo de 10 años, cuenta Villagómez. Según él, Iglesias Benítez y Enrique Dau Flores, extitular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), crearon una empresa de “coyotaje” para facilitar los títulos de concesión de agua.

El también presidente de la Fundación Cuenca Lerma Chapala–Santiago, subraya que en el valle de Tesistán la tierra se hunde porque cada año se extraen 120 millones de metros cúbicos, una cantidad equivalente a la que está almacenada en las presas de Calderón y El Salto.

“Es una corrupción tan grande la que hay con los constructores y no se salva uno, porque no cumplen con la norma. No puedes seguirle sacando agua a un pozo que no le estás inyectando nada. Por eso los pozos ya están a 320 metros de profundidad en promedio”, agrega.

Para el investigador de la Universidad de Guadalajara Arturo Gleason, es la explotación de los mantos acuíferos es irresponsable, sobre todo por la falta de un diagnóstico que permita saber el estado en que se encuentran las fuentes subterráneas y sin un plan para abatir la contaminación y devolver el agua limpia.

“Llama la atención que disponga de agua sin saber por cuánto tiempo, sobre todo si están comprometiendo la disponibilidad de otras zonas que se puedan abastecer”, dice el académico, quien actualmente se encuentra en Alemania, donde impartirá conferencias en la Universidad Tecnológica de Berlín y en el College London.

De Mirasierra a Sendas Residencial

El nombre original de Sendas Residencial es Mirasierra, un ambicioso proyecto que comenzó a gestarse desde la administración del priista Arturo Zamora Jiménez en Zapopan (2004-2006), y que tomó forma en el gobierno de Héctor Vielma.

El corporativo pretende construir más de 22 mil viviendas en 516.65 hectáreas que se encuentran en el corazón del valle de Tesistán y se estima que al momento de su consolidación albergarán a 10 mil personas,  equivalente a la población de Ciudad Guzmán.

En su edición del 19 de enero último, el diario La Jornada Jalisco informó que los desarrolladores le cambiaron el nombre al desarrollo residencial porque el de Mirasierra desembocó en un conflicto con los defensores del Nixticuil durante la administración de Vielma Ordóñez.

En ese periodo el ayuntamiento entregó ocho permisos a los urbanizadores, el último de los cuales es el del 24 de agosto de 2012, un mes antes de que concluyera la gestión de Vielma, político y empresario priista propietario del canal 8 de televisión de paga.

Acostumbrado a hacer negocios encubiertos, siempre negado a la rendición de cuentas y proclive al doble discurso, Vielma perjuró que en su administración no habría permisos para Sendas Residencial. 

No obstante se mostró magnánimo con los desarrollares, en particular con su amigo Raymundo Gómez Flores, a quien le construyó un túnel vehicular sobre la avenida Tesistán con dinero del erario zapopano para que los automovilistas ingresaran sin contratiempos a su exclusivo fraccionamiento Valle Imperial. La obra costó 28 millones de pesos.

Las licencias de urbanización salieron a nombre del fideicomiso creado por las empresas constructora GIG, GVA, Tierra y Armonía y el Banco BBVA Bancomer. En septiembre de 2012, Vielma autorizó la publicación de los planes parciales de desarrollo urbano para esa zona.

De acuerdo con los documentos, los urbanizadores debieron crear un área de amortiguamiento de al menos 30 metros de distancia entre el inicio del bosque y los fraccionamientos. Sin embargo, como las licencias salieron antes, los empresarios no están obligados a cumplir la disposición. El reportero constató en un recorrido que sólo un muro separa a las viviendas del área natural protegida del bosque El Nixticuil.

Según Adrián Hernández y Sofía Herrera, integrantes del Comité Salvabosques El Tigre II, Gómez Flores negoció el arribo de Vielma a la alcaldía para que desde el ayuntamiento expidiera los permisos que necesitaban él y los desarrolladores urbanos.

Y aunque el sucesor de Vielma en la alcaldía, Héctor Robles Peiro, sostiene que no se tocará el área natural protegida de El Nixticuil, lo cierto es que los urbanizadores poseen 154 hectáreas de esta zona y tienen previsto utilizar 11 de ellas para “cumplir con la normatividad” que les exige entregar áreas de cesión al municipio.

El coordinador de los regidores del Movimiento Ciudadano en Zapopan, Augusto Valencia López, señala que la postura del primer edil es muy tibia y poco clara. Refiere que es muy probable que los fraccionadores toquen el área natural protegida, pues necesitarán vialidades para desahogar el tráfico vehicular que actualmente tiene dos salidas: las avenidas Guadalajara y Ángel Leaño.

De cualquier forma, señala, es previsible que el aforo vehicular provoque congestionamientos sobre avenida Tesistán y la antigua carretera a Colotlán.

Para el promotor inmobiliario Rodrick Medina, eso no es problema. El complejo inmobiliario, dice, está diseñado para aprovechar el túnel vehicular que le construyeron a Valle Imperial y se conectará a las avenidas Valdepeñas y Río Blanco. Sin embargo, no descarta que pudiera atravesarse el área natural protegida del Nixticuil porque, dice, los planes parciales lo autorizan.

“La vialidad no atraviesa el área natural protegida”, precisa

Medina; admite también que tomarán 12 hectáreas de esa franja natural para donarlas al ayuntamiento porque el Código Urbano de Jalisco se los permite.

Los integrantes del Comité Salvabosque El Tigre II señalan que al menos desde hace cuatro años comenzó la invasión del Nixticuil con los fraccionamientos La Cima y Cañada San Lorenzo, que construyeron los integrantes de la familia que encabeza Abelardo García Arce, quienes poseen, entre otras empresas, la inmobiliaria Coben y el grupo refresquero Aga.

Asimismo, recuerdan que desde el 9 de noviembre de 2012 interpusieron en Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia por la tala de árboles pero hasta la fecha no han sido notificados de alguna diligencia, inspección o cualquier acción que se haya realizado para constatar, detener y sancionar estos hechos.


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